colombiainedita

Friday, September 29, 2006

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Sigue La Movilizacion De Las Comunidades Del Sur Del Bolivar
por Red de Defensores No Institucionalizados Friday, Sep. 29, 2006 at 1:14 PM
dhcolombia@yahoo.es

Jueves 28 de septiembre de 2006 MAS SECTORES SE UNEN A LA PROTESTA Las comunidades del Sur del Bolívar movilizadas en el casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur informamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente: * Que las comunidades movilizadas en la zona desde el día 19 de septiembre a raíz del vil asesinado de nuestro compañero líder ALEJANDRO URIBE CHACÓN siguen en su legitima reivindicación de verdad y justicia acerca de este horrendo delito que nos afecta a todos los que aspiramos a un futuro de paz y de bienestar en la región.

Jueves 28 de septiembre de 2006


MAS SECTORES SE UNEN A LA PROTESTA

Las comunidades del Sur del Bolívar movilizadas en el casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur informamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

* Que las comunidades movilizadas en la zona desde el día 19 de septiembre a raíz del vil asesinado de nuestro compañero líder ALEJANDRO URIBE CHACÓN siguen en su legitima reivindicación de verdad y justicia acerca de este horrendo delito que nos afecta a todos los que aspiramos a un futuro de paz y de bienestar en la región.

* Que debido a la situación general que vivimos en nuestro querido Sur de Bolívar mas comunidades de diferentes sectores se van sumando a la movilización pacifica empezada en Santa Rosa. Entre estas se encuentran las comunidades de los municipios de Montecristo, Rió Viejo, Arenal, San Pablo, Simití, Santa Rosa, Morales, Cantagallo, Regidor y Tiquisio.

* Además de denunciar los crimines que se vienen cometiendo en el sector minero a beneficio del ingreso a la zona de la multinacional Kedahda denunciamos el inicio de las fumigaciones acompañadas de ametrallamiento y bombardeos indiscriminados que afectan a toda la región del Sur de Bolívar. Reiteramos que esta no es la salida a la erradicación de los cultivos ilícitos ya que esto aumenta la crisis humanitaria y genera hambre, además de atentar contra el medio ambiente y de tener como blanco privilegiados los cultivos de pan coger golpeando solo en mínima parte los cultivos de coca. La única salida a esta clase de cultivos es el desarrollo de una producción agrícola centrada en la soberanía y autonomia alimentaría y el abastecimiento de las mismas comunidades además de la garantía de la permanencia y defensa de el territorio.


* Ayer en las primeras horas de la tarde las comunidades movilizadas nos hemos reunido con el Alcalde de Santa Rosa, el Personero Municipal y con los representantes de los comerciantes del casco urbano logrando enterar los ciudadanos de las legítimas razones de la movilizacion y recibiendo manifestaciones de solidaridad por parte de estos. De esta forma creemos haber dejado claro con ellos cuales son los objetivos de la movilización y derrotado a los que de forma culpable han querido difamar y mal informar a los pobladores acerca de esta legítima movilización.

Las comunidades reunidas en el casco urbano de Santa Rosa seguiremos la movilización hasta cuando se de respuesta y cumplimiento por parte del gobierno a nuestras exigencias

Comunidades del Sur de Bolívar en movilizacion permanente

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Obispo y Diócesis de Magangue Rechazan Asesinato de Alejandro Uribe
por Red de Defensores No Institucionalizados Saturday, Sep. 23, 2006 at 1:50 PM
dhcolombia@yahoo.es

El Obispo de Magangué, Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, su clero, y las comunidades parroquiales, rechazan, lamentan y denuncian la muerte violenta del joven ALEJANDRO URIBE, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (municipio de Morales) y miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, ocurrida el 19 de septiembre de 2006.



DIÓCESIS DE MAGANGUÉ
SUR DE BOLÍVAR - COLOMBIA


“Todo ser humano tiene derecho a la existencia, a la integridad física, a los medios indispensables y suficientes para un nivel de vida digna” (Pacem in Terris, 11)



COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL


El Obispo de la Diócesis de Magangué, Departamento de Bolívar - COLOMBIA, Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, unido a todo su clero, y a las comunidades parroquiales, rechazan, lamentan y denuncian la muerte violenta del joven ALEJANDRO URIBE, líder y Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (Municipio de Morales) y miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar - FEDEAGROMISBOL- , ocurrida el 19 de septiembre de 2006, aproximadamente a las 14 horas en la vereda Las Culebras, jurisdicción del Municipio de Montecristo, Departamento de Bolívar, según versiones de la comunidad, por parte de soldados pertenecientes al Batallón Nueva Granada al mando del Capitán Blanco, cumpliendo órdenes de Benjamín Palomino Capitán Oficial de Operaciones de dicho Batallón.

El líder ALEJANDRO URIBE participó el 8 de septiembre de 2006 en la Asamblea de Preaudiencia para el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se realizará el 11 y 12 de noviembre del presente año en la ciudad de Medellín. En ese evento participaron la Defensoría del Pueblo y Organizaciones de Derechos Humanos. Allí se trató el tema Medio Ambiente y las Multinacionales, y se expusieron públicamente los abusos de las Fuerzas Militares de Colombia en contra de la población civil, con el propósito de posibilitar la entrada a la región de la Multinacional KEDAHDA S.A. filial de la ANGLO GOLD ASHANTI.

La muerte del líder mencionado se suma a una preocupante cadena de atentados, bloqueos, amenazas y otros asesinatos que según versiones de los habitantes de la zona lamentablemente están siendo cometidos por miembros del Batallón Nueva Granada, del Ejército de Colombia.

Estos hechos han llevado al desplazamiento forzoso de todo el sector minero que ha llegado a la fecha al sitio conocido como La Ye, jurisdicción del Municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolívar. Esto se repite constantemente, sin que las autoridades hayan logrado investigar, esclarecer y socializar la verdad, por lo cual crece la desconfianza de los mineros y campesinos en la política de seguridad democrática, pues son preocupantes las ejecuciones extrajudiciales, torturas y trato cruel e inhumano a los ciudadanos que se están presentando desde que está haciendo presencia el Ejército Nacional en la zona, lo que se opone al respeto y garantía de los derechos humanos de la población civil que es responsabilidad del Estado.

Como Pastores y comunidades parroquiales solicitamos:

Al Gobierno Nacional:

1. Que los hechos mencionados, en especial el asesinato del líder comunitario Alejandro Uribe, sean investigados seriamente por la justicia ordinaria, el Ministerio Público y la Fiscalía, por considerar que es una violación al derecho a la vida como don sagrado y al derecho a la organización, autonomía y convivencia pacífica de las comunidades.

2. Reconsiderar la política de explotación irracional de los recursos naturales de la región del Sur de Bolívar y contener la presión de compra masiva de tierras de los campesinos por empresarios, políticos y extranjeros con claros intereses económicos que están ocasionando desplazamientos, desarraigo, desintegración familiar y comunitaria y temor en la población.

3. Asumir una postura ética y política frente a la inequitativa tenencia de la tierra en la región, desarrollar un proyecto piloto de reforma agraria y resarcimiento de derechos de la población desplazada que perdió el derecho a la posesión y a la propiedad de sus tierras en el Sur de Bolívar.

4. Crear las condiciones necesarias para retomar la salida política a la solución de los conflictos en el Sur de Bolívar. La creación de políticas públicas que favorezcan la paz y la viabilidad de los derechos humanos, como también constituir un equipo regional de paz que facilite y acelere los consensos entre el gobierno y los grupos insurgentes y la sociedad civil, como camino hacia la construcción de la paz, que paren las cuotas de muerte que aportan los campesinos y mineros de esta región quienes mantienen la esperanza que en el segundo mandato que comienza el presidente Uribe tenga cabida la paz, como lo han manifestado reiteradamente en los consejos comunales.

A los Actores Armados:

1. Solicitamos el respeto a la vida e integridad de las personas y comunidades.

2. La garantía del cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario.

3. El respeto a los procesos de paz y a los espacios humanitarios que como Diócesis hemos construido y fortalecido permanentemente con las comunidades.

A las Empresas Multinacionales:

1. Deponer la expropiación de las tierras a los campesinos que los desplazan y someten a la inseguridad, a la manipulación y a la incertidumbre.
2. Actuar con responsabilidad ética y social en la explotación de los recursos naturales.


A la Comunidad Internacional:

1. Realizar de inmediato una visita de verificación humanitaria a la zona.

2. Apoyar y acompañar en la observancia del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en el Sur de Bolívar.

3. Establecer a partir de la situación estrategias de cabildeo e incidencia con los actores involucrados en estos hechos.


Magangué, Septiembre 22 de 2006


www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=324

“ALGUNAS VECES NO NOS MATAN CON BALAS,
NOS MATAN CON PALABRAS”

Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Septiembre 28 de 2006.
Por: JACAR

“Algunas veces no nos matan con balas, nos matan las palabras”, con estas palabras Guillermo Tascón, presidente de la Organización Indígena de Antioquia – OIA -, termino su intervención durante el Foro Nacional por la Vida y Dignidad de los pueblos Indígenas que se desarrolla en la actualidad en el Hotel Bacatá.
Tascón hacía referencia a los proyectos legislativos que cursan actualmente en el congreso o que están en fase de implementación, tales como la ley forestal, el Código de Minas, el Tratado de Libre Comercio, entre otros, que de una u otra manera cercenan los derechos de los pueblos por los cuales se ha luchado durante tanto tiempo.
Él como otros tantos líderes indígenas se encuentran reunidos hasta mañana viernes 29 de septiembre, con el fin de evaluar y denunciar la situación de los pueblos indígenas en Colombia, en el marco de la Misión Internacional de Verificación que se encuentra en el país desde el pasado 19 de septiembre.
El evento fue precedido por el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC – Luis Evelis Andrade, quien durante su intervención hizo un llamado a los pueblos indígenas para exigir sus derechos “con el fin de que frente a los crímenes cometidos contra nuestros pueblos, cada uno facilite los autores intelectuales y materiales de éstos y respondan ante los tribunales internacionales”
Andrade hizo énfasis en la necesidad a partir de la realización de la Misión Internacional de Verificación de “constituir un equipo de observadores permanentes sobre la situación en materia de derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en Colombia, que de paso a una sección del Tribunal de los pueblos sobre el genocidio para el año 2008”
Para él y para la mayoría de los presentes salta a la vista la inexistencia en el país de una política estatal para pueblos indígenas que sea sistémica, oportuna, eficaz y con recursos suficientes.
El foro que concluirá el día de mañana con una rueda de prensa en la que se darán a conocer los diferentes informes regionales, analizará en horas de la tarde, las implicaciones de la ley de justicia y paz en su ámbito, la incidencia de los megaproyectos en sus regiones, entre otros temas.

Boletín 135
Comunicaciones ONIC
Jueves 28 de Septiembre de 2006
www.onic.org.co


FORO POR LA VIDA Y DIGNIDAD ALERTÓ SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE LESIONAN DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS


El desarrollo de una política perversa en contra de los pueblos indígenas por parte del Estado colombiano, como quiera que no se tienen en cuenta las necesidades y características de los pueblos y comunidades nativas en el marco del estado social de derecho que enmarca la Constitución Política de Colombia, fue una de las principales conclusiones que arrojó el Foro Nacional por la Vida y Dignidad de los Pueblos Indígenas de Colombia que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá.

En este evento, que sirvió como escenario para las conclusiones de la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, se estableció que la crisis humanitaria que hoy padecen las comunidades indígenas se constituye en un proceso histórico ligado a procesos estructurales relacionados con la profundización de un modelo económico donde se privilegia lo militar sobre lo político.

Los participantes en el Foro, incluyendo a los representantes de los organismos internacionales, resaltaron la falta de voluntad política por parte del Estado colombiano para cumplir con los tratados internacionales, principalmente el Convenio 169 de la OIT, y las recomendaciones que en materia de derechos humanos han realizado el G-24 y las Naciones Unidas, en particular las presentadas en el 2004 por Rodolfo Stavenhagen, relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

En el marco del evento se manifestó la preocupación por la violación constante de los derechos de las comunidades indígenas en Colombia, donde la acción u omisión recae en los agentes del Estado. Dicha denuncia está respaldada con la presencia de la fuerza pública en el corazón de los resguardos, la cual utiliza escuelas y colegios como bases militares, además de instalar trincheras en medio de la población civil.

De manera reiterativa se alertó sobre la configuración de un conjunto de reformas legales y constitucionales que se diseñan en contravía de los derechos de los pueblos indígenas, en las que se avizora la amenaza constante y reiterada contra los territorios, sin acudir a los mecanismos de Consulta Previa.

De igual forma, se advierte la preocupación por el papel que desempeñan la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación con respecto a su tarea de obligatoria protección de los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, las investigaciones por desplazamientos, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos contra líderes indígenas en el país hasta ahora no han arrojado resultados efectivos y eficaces, todo esto sumado a la presencia y las actuaciones paramilitares en los resguardos, quienes han terminado amparados bajo la ley de Justicia y Paz, hoy denominada por algunos “Ley de la Impunidad”.

Las recomendaciones planteadas ante tal situación de crisis humanitaria y proceso de pacificación fueron las siguientes:

Exigir al gobierno actual que deje de burlar y cumpla los acuerdos convenidos, tratados internacionales y recomendaciones en materia de respeto a los derechos indígenas, realizados por las diferentes instancias internacionales que velan por el ejercicio pleno de las libertades, garantías y derechos de los pueblos indígenas de Colombia.

Exigir al gobierno y al Estado la verdad sobre muertos y desaparecidos, recuperación de la memoria y el desmonte de la estructura paramilitar que hoy los quiere extinguir; además de garantizar los recursos necesarios para formular e implementar una propuesta de paz de los pueblos indígenas de Colombia.

Exigir al Estado colombiano el retiro inmediato de la fuerza pública y militares extranjeros de los territorios indígenas.

Exigir al Gobierno Nacional, en virtud del genocidio y la discriminación que hoy se cierne sobre las comunidades, la formulación e implementación, con los recursos necesarios, de una política pública de carácter estatal para garantizar la atención y protección de los pueblos indígenas.

Exigir al Gobierno Nacional la investigación eficaz y el cumplimiento efectivo del mandato constitucional respecto del abuso sexual y las arbitrariedades cometidas por la fuerza pública en contra de las mujeres indígenas.

Exigir al Gobierno Nacional el inmediato cumplimiento de los acuerdos establecidos con las comunidades indígenas y la inmediata adecuación de los proyectos de ley que amenazan sus territorios, según la normatividad internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas.

Solicitar a la comunidad internacional que la cooperación destinada para los pueblos indígenas sea otorgada con base en el reconocimiento y acompañamiento de organizaciones y autoridades propias, es decir, tomando en cuenta el ejercicio del gobierno y justicia propia en referencia a sus planes de vida.

Establecer una Mesa de Trabajo integrada por las agencias del sistema de Naciones Unidas y las organizaciones de los pueblos indígenas, con el propósito de articular agendas y acciones conjuntas que permitan el desarrollo de modelos económicos propios, la efectiva garantía de los derechos de los pueblos indígenas y el control sobre los territorios ancestrales.

La Organización Nacional Indígena de Colombia reiteró su compromiso indeclinable, en aras de continuar con un trabajo que permita el cumplimiento de las conclusiones arrojadas por el Foro que contó con la participación de un alto número de organizaciones indígenas del país.

CONCEJO NACIONAL INDÍGENA DE PAZ
ONIC, AICO, OPIAC Y CIT

comunicaciones@onic.org.co

El Polo de Rosa; felicita a la confluencia de organizaciones, liderezas y líderes del sector LGTB del Valle Del Cauca por la firma del acuerdo social de voluntades con la gobernación del departamento del Valle Del Cauca, hoy miércoles 27 de septiembre de 2006.

A partir de este histórico acuerdo se formulará e implementará, conjuntamente, la política Departamental de equidad, reconocimiento e inclusión social, que garantice el acceso real a los Derechos Humanos, en aras de superar la situación de discriminación, exclusión, marginación e invisibilización de las personas de la población LGTB.

Polo de Rosa http://poloderosa.org/pdr/
Sin libertad sexual no hay libertad política

Universidad de Caldas unida a la protesta popular en la ciudad de Manizales

Corresponsal | Periódico El Turbión – Manizales (Caldas)

En la mañana de hoy se llevó a cabo la asamblea general de estudiantes de la Universidad de Caldas, cuyo tema central tuvo que ver con el tema de la elección del rector. Allí, el mecanismo que tradicionalmente se maneja es, de acuerdo a uno de los representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Caldas (FEUC), básicamente "una consulta donde los estudiantes, profesores y trabajadores dan su opinión, pero la designación del rector no se respalda en ésta, sino que se define en el Consejo Superior, vulnerándose de esta forma la democracia universitaria", añadiendo que, por ello, "se plantea la necesidad de una reforma al estatuto general, buscando que la participación de los diferentes estamentos en la elección de rector sea realmente incidente y se tenga en cuenta". Otro aspecto sobre el que giró la asamblea se relaciona con la postulación del rector actual, Bernardo Rivera Sánchez, a la reelección en este cargo, siguiendo la tendencia que caracterizó las elecciones presidenciales pasadas.

Finalmente, se decidió una jornada de dos días de anormalidad académica, como espacio para discutir y analizar la situación de la universidad; la realización de asambleas por sedes y algunas actividades culturales, en la espera de un pronunciamiento del Consejo Superior que sesionará el próximo viernes, día en que nuevamente se hará una asamblea general de estudiantes.

Una vez finalizada la asamblea, cerca de 1.000 estudiantes se dirigieron hacia el sector de El Cable para movilizarse en el marco de la Jornada Nacional de Protesta, uniéndose a los demás sectores populares de la ciudad y a las denuncias relacionadas con la firma del TLC y la agenda legislativa del actual gobierno, la privatización de ECOPETROL y las electrificadoras, la liquidación de la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), la penalización y criminalización de la protesta social, la liquidación del ISS y de Adpostal, el aumento tarifario de los servicios públicos, entre otras medidas del gobierno de Uribe Vélez, cerrando en la plazoleta del edificio Leonidas Londoño, sede de la Alcaldía, hacia las 12:30 del medio día, con una agitación más amplia de las problemáticas locales, regionales y nacionales.

Como no pueden faltar los acompañantes en las marchas, hizo su acostumbrada presencia el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que, como ya se está volviendo habitual, se empeña en intimidar a los marchantes y en provocar a quienes, como los estudiantes, hacen uso de su derecho legítimo a la protesta. Aún así, la marcha se realizó en normalidad y se cumplió con el objetivo de denuncia y movilización.

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Servicio noticioso – Número 149 – septiembre 26 de 2006
32 ciudades marcharon contra políticas de Uribe

Equipo | Periódico El Turbión - septiembre 26 de 2006, 10:00 pm

Hace apenas un par de horas concluyeron las diferentes marchas que, en todo el país, constituyeron la primera jornada de protesta que se realiza, a nivel nacional, desde el inicio del segundo periodo presidencial de Uribe Vélez. La reforma tributaria, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, la privatización del 51% de la Empresa colombiana de Petróleos (ECOPETROL), del Instituto de Seguros Sociales (ISS), de la Administración postal nacional (Adpostal) y la reforma al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otros, fueron los puntos que convocaron las movilizaciones en todo el país.

Convocada por las centrales obreras –CUT, CGT y CPC– y por el Polo Democrático Alternativo (PDA), la jornada de protesta se extendió por 32 ciudades del país y contó con la asistencia masiva de trabajadores, estudiantes, usuarios de servicios públicos, pensionados, trabajadores desempleados, desplazados, mujeres, maestros y demás sectores descontentos con el manejo que se da al país por parte del actual gobierno.

En Bogotá, la marcha inició hacia las 4:30 pm a la altura del Planetario Distrital y concluyó en la Plaza de Bolívar a las 7 pm, lugar en el que más de 8.000 personas manifestaron su inconformidad frente a una serie de políticas provenientes de un régimen político autoritario, que acompaña sus reformas de "una cruda represión y de la manipulación aberrante de la opinión pública", según reza uno de los comunicados repartidos por los manifestantes.

Uno de los puntos más fuertemente denunciados por quienes participaron de la jornada tiene que ver con lo referido a la reforma tributaria que se está discutiendo actualmente en el Congreso. De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la enorme cantidad de reformas tributarias en la historia de Colombia demuestra el grado de improvisación estatal en el tema fiscal y lo duramente afectada que se ve la clase trabajadora en cada una de ellas. En la actual propuesta del Ministerio de Hacienda, la modificación del IVA lesionaría intereses de los sectores más pobres de la población, al hacer inaccesibles para ellos la mayoría de los productos fundamentales de la canasta familiar. Adicionalmente, al disminuir la base gravable, más colombianos estarían obligados a declarar impuesto a la renta.

A la lesión a los consumidores con la reforma tributaria se suma la protesta en contra del TLC, punto de especial relevancia en la marcha. Los amplios sectores de la población potencialmente afectados con la firma del TLC fueron el motivo de la protesta, en donde se rechazó enfáticamente la globalización neoliberal y la imposición de recetas provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y otros organismos internacionales.

El TLC, de acuerdo a las fuerzas que convocaron la jornada de protesta, implica la imposición de políticas tendientes a privatizar los servicios públicos y, de manera general, a desconocer las obligaciones estatales de inversión social y desarrollo para la población más vulnerable.

Adicionalmente, en todo el país se rechazaron las medidas destinadas a la privatización de los servicios públicos, la educación, la seguridad social y las empresas del Estado. En el caso del ISS, se expresa una gran preocupación por la inminente liquidación de la principal institución de seguridad social de la nación, lo que se está demostrando con el desconocimiento de obligaciones pensionales y en materia de salud por parte del Estado, lo que implica la entrada de multinacionales de la industria de la salud y de los fondos de pensiones a definir como negocio el derecho a la salud y a las pensiones de los colombianos, dejando así a los sectores más pobres a la deriva de las condiciones del mercado.

Así, ya no se habla de 'paciente' o de 'estudiante', sino de 'cliente' de las multinacionales, situación contra la cual se manifestó, hoy en la tarde, la inconformidad de los miles de marchantes. Las voces de estudiantes y profesores del SENA exigieron una educación de calidad y pública, pues las generaciones venideras tienen derecho a la educación y al desarrollo equitativo. Plasmar ideas acerca de la importancia de la educación pública en la sociedad fue un objetivo de la manifestación de los integrantes de FECODE. Así mismo, centenares de estudiantes de secundaria salieron a las calles a exigir del gobierno que no continúe con las privatizaciones y cierres de colegios y universidades públicas.

La privatización de Ecopetrol fue otro de los puntos álgidos que destacaron los manifestantes. Las intenciones del gobierno de vender el 20% de las acciones totales de la Estatal Petrolera, siguiendo un procedimiento similar al que se empleó hace meses para entregar un 51% de la Refinería de Cartagena a la multinacional Glencore, y la constante persecución contra el sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO) fueron denunciados en múltiples arengas y consignas. Antonio Navarro, vocero del PDA en el Congreso, resaltó que "Ecopetrol es patrimonio de los colombianos y aquí vamos en contravía de lo que está pasando en América Latina, donde se está nacionalizando el petróleo", señalando, además, la reciente militarización de las oficinas de Adpostal, seguida de la liquidación de la institución.

En materia de servicios públicos domiciliarios, los sindicatos de la telefónica ETB y del Acueducto de Bogotá, estuvieron presentes: se rechazó la venta de acciones de la ETB a capitales transnacionales y, del mismo modo, que se exigió la no comercialización de la fuente de agua de Chingaza, pues el agua es el recurso natural esencial y vital de todo ciudadano, del cual no deben apropiarse agentes privados.

Por otro lado, de forma reiterada y generalizada, fue interés de los manifestantes reclamar por unas condiciones dignas y justas de trabajo estable, ante lo cual el principal tropiezo, son las políticas que flexibilizan las relaciones de trabajo y acaban la contratación en condiciones dignas. A través de sucesivas reformas laborales, como la consagrada en la Ley 789 de 2002, se vienen lesionando los derechos constitucionales de los trabajadores, al permitir al empleador manejar todas las condiciones de los mercados laborales, generando condiciones de trabajo cada vez sean más precarias, desapareciendo de facto los derechos a la estabilidad laboral, a la libre asociación, a la seguridad social, etc., situación que se agrava de manera considerable con la precariedad del salario mínimo, punto en el cual, las centrales de trabajadores fueron enfáticas en manifestar su inconformidad con la imposición de un salario mínimo que no se ajuste a las necesidades de los sectores vulnerables de la población.

El rechazo masivo a estas medidas es un llamado claro de una sociedad que busca salidas concretas a sus principales necesidades y busca construir un país diferente. Al clientelismo manejado en las esferas gubernamentales, dirigido a la privatización de los servicios públicos, la educación y la seguridad social, con el consecuente desconocimiento de las obligaciones estatales, a las políticas autoritarias y represivas del gobierno de Álvaro Uribe, los sectores populares contestan de nuevo con la legitimidad de la movilización y hacen un llamado a que estos problemas sean observados de manera crítica por la sociedad.

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Thursday, September 28, 2006

SENADOR DENUNCIA: EJERCITO COLOMBIANO EJECUTO A 100 CIVILES PARA PRESENTAR A LA PRENSA 'GUERRILLEROS' MUERTOS EN COMBATE


ARGENPRESS
(Especial para ALTERCOM)

El senador colombiano Gustavo Petro denunció hoy la ejecución de al
menos 100 personas en los últimos años por parte de miembros del
Ejército, con el objetivo de ser presentadas ante la prensa como
guerrilleros muertos en combate.

Petro, miembro del partido opositor de izquierda Polo Democrático
Alternativo (PDA), hizo la denuncia durante una sesión del Senado en la
cual se analizó un escándalo que afecta al Ejército por el supuesto
montaje de operaciones contraguerrilleras.

El legislador aseguró tener informaciones que indican que desde 1998 se
han presentado por lo menos 100 víctimas de operaciones militares.

Según el legislador, estas irregularidades son el resultado de la
política estatal que mide el resultado de la lucha contra grupos
guerrilleros por el número de bajas, lo cual lleva a los militares a
mostrar 'resultados positivos' a través de 'mecanismos perversos'.

El senador dijo que escuchó una conversación que fue interceptada entre
un capitán del Ejército y un integrante de los grupos paramilitares, en
la cual se acuerda el asesinato de dos campesinos de la central
población de Viotá, quienes posteriormente fueron vestidos con ropa de
camuflaje para mostrarlos ante la prensa como guerrilleros.

La sesión del Senado fue programada para analizar la presunta
participación de dos oficiales del Ejército en un atentado con
explosivos ocurrido el pasado 31 de julio en Bogotá, el cual dejó un
muerto y 22 heridos, entre ellos 21 militares.

Asimismo, los militares estarían implicados en el montaje de
operaciones en las que se decomisaron explosivos, con el aparente
objetivo de ganar el reconocimiento del gobierno y cobrar las
recompensas ofrecidas a quien ayude a impedir ataques terroristas.

El escándalo comenzó cuando el comandante del Ejército, general Mario
Montoya, declaró hace unos días que una investigación interna puso al
descubierto la probable irregularidad.

El ataque con explosivos y los decomisos posteriores, fueron
presentados por el Ejército como muestra de una campaña de la
guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
para sabotear la posesión del presidente Alvaro Uribe, quien el 7 de
agosto inició un segundo mandato de cuatro años.

Sin embargo, Uribe dijo después que la Fiscalía no encontró evidencias
que comprometan a los militares, por lo que éstos siguen cumpliendo sus
tareas habituales.

El ministro de Defensa, Juan Manual Santos, citado por el Senado
durante el debate de este martes, sostuvo que la campaña terrorista fue
ejecutada por las FARC y que los dos militares realizaban tareas de
inteligencia.

La única persona capturada por estos hechos es la ex integrante de las
FARC, Lidia Alape alias 'Jessica', quien colaboró con los militares en
labores de inteligencia, según medios de prensa locales.

Sin embargo el director del opositor Partido Liberal, el ex presidente
colombiano César Gaviria, conminó al gobierno a aclarar por qué la
mujer está detenida si, como se afirma, ayudó a las autoridades a
anticipar posibles actos terroristas de las FARC.

Antes de viajar a Nueva York para participar en la 61 Asamblea General
de las Naciones Unidas, Uribe dijo que espera que la justicia determine
pronto si los militares son culpables o inocentes.

'En aras de la justicia y la honra, que se diga totalmente la verdad.
Si son culpables, que los metan a la cárcel; si no son culpables, que
los declaren inocentes, pero que no los dejen en la mitad (de una
investigación)', dijo Uribe.

Por su parte, el senador oficialista Armando Benedetti, acusó al
ministro de la Defensa Santos de ser el responsable del escándalo, pues
ordenó al comandante del Ejército dar a conocer la supuesta
responsabilidad de los militares y después afirmó que no hay evidencias
contra éstos.

judicial
Un testigo clave
¿Qué sabía un ex guerrillero de La Picota sobre los montajes de los atentados para que lo intentaran matar luego que buscó hablar con esta revista? Nuevos indicios sobre un escándalo que estremeció al país.
Las piezas clave para establecer la verdad sobre los montajes de atentados terroristas en Bogotá están en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota. Se trata de un puñado de hombres que fueron testigos y protagonistas de uno de los episodios más escandalosos de los últimos tiempos.

Sus testimonios, hasta ahora desconocidos incluso para la propia Fiscalía, son contundentes y prometen ser fundamentales para aclarar lo que ocurrió. SEMANA habló con ellos. Sin embargo, desde que esta revista los buscó hace dos semanas comenzaron a ser amenazados, uno de ellos sufrió un atentado y se intentó impedir que hablaran con este semanario. Sus testimonios no sólo se refieren a los montajes con carro bomba de Bogotá sino que denuncian que parte de las recientes desmovilizaciones de grupos de guerrilleros, en las que ha estado involucrado el Ejército, también tienen serias irregularidades.

La confusión

Taxi bomba encontrado el 15 de julio en Bogotá Apenas estalló el escándalo el comandante del Ejército, general Mario Montoya, leyó un comunicado en el que reconocía que posiblemente había militares involucrados en los montajes. La semana pasada el vicefiscal general Jorge Armando Otálora confirmó que había pruebas para vincular a los militares en la investigación
PUBLICIDADHasta ahora los protagonistas involucrados en este bochornoso episodio han quedado reducidos a 'Jessica', la guerrillera capturada, y dos oficiales del Ejército, quienes fueron señalados de participar en los montajes. Desde que estalló el escándalo, hace dos semanas, todo ha sido bastante confuso. Esta es la hora en la que muy pocos se atreven a decir si hubo realmente montajes o si se trató de verdaderas operaciones antiterroristas efectuadas por el Ejército. A resolver las dudas que existen en la opinión pública muy poco han contribuido los bandazos del propio gobierno.

En un primer momento, el jueves 7 de septiembre, el comandante del Ejército, general Mario Montoya, aceptó públicamente que miembros de su institución podían estar involucrados en los montajes. Un día después el fiscal general, Mario Iguarán, les bajó el tono a los señalamientos que indicaban que miembros del Ejército estarían involucrados en los falsos atentados y afirmó que no había pruebas en ese sentido. Y unas 48 horas más tarde, el presidente Álvaro Uribe recogió la versión del Fiscal y manifestó su preocupación con las filtraciones a la prensa. Cuando en los últimos días todo parecía indicar que el gobierno, los militares y la propia Fiscalía no tenían pruebas que relacionaran a los militares con los supuestos montajes, el martes de la semana pasada el vicefiscal general, Jorge Armando Otálora, volvió a cambiar la versión. Durante un debate en la comisión primera el funcionario reconoció que "sí hay evidencias en el caso de los militares involucrados en el caso de los presuntos atentados". El funcionario afirmó que la Fiscalía tenía "pruebas documentales, de video, testimoniales y de grabaciones". A esas pruebas se suman ahora los testigos y testimonios obtenidos por SEMANA que evidencian que posiblemente los montajes no sólo se han limitado al episodio de los atentados en Bogotá sino a ciertas desmovilizaciones de frentes guerrilleros.

Desde la prisión

Uno de los hombres con los que habló SEMANA se llama Farid Mota González. Tiene 36 años de edad. Durante seis fue parte de la guerrilla y militó en el frente 14 y en la Quinta compañía de la columna Teófilo Forero de las Farc. A comienzos de 2001 se acogió al programa de reinserción y empezó a colaborar con las autoridades. Se convirtió en informante del DAS y como parte de esas labores suministró información muy valiosa para esa entidad, la cual fue clave durante la investigación del ataque terrorista al club El Nogal. Hace dos años se fue para Granada, Cundinamarca. Allí "empecé a colaborarles a los paramilitares", según dijo a SEMANA. Cuando llevaba dos meses con los grupos de autodefensas fue capturado mientras guardaba en su vivienda varias pistolas. Fue condenado a 42 meses de prisión. Purgó en la cárcel de Silvania la mayor parte de su condena y sorprendentemente a comienzos de junio pasado fue trasladado al pabellón de alta seguridad de La Picota.

En menos de cuatro meses recobrará su libertad. Su próxima salida, su buen comportamiento en la cárcel, su firme decisión de contar todo lo que sabe a la Fiscalía, aun corriendo el riesgo de autoincriminarse, le dan mucha credibilidad a su versión. Aparte de esto, su testimonio coincide no sólo con el de otros detenidos en La Picota, entrevistados por SEMANA, que corroboran lo que contó Mota, sino que además algunas de sus afirmaciones concuerdan con aspectos fundamentales de la investigación que adelanta la Fiscalía. "Una cosa es que hayan hecho los montajes, pero ahora que se descubrió el escándalo están planeando poner una casa bomba que sí explote, para taparlos. Y uno no puede dejar que esas cosas pasen", dijo Mota a SEMANA para explicar una de las razones que lo llevaron a contar lo que vivió y vio en La Picota. La otra razón es que la semana pasada lo apuñalaron como una advertencia para que no hablara con SEMANA. ¿Pero qué sabe Mota?

"A finales de marzo yo colaboré entregándole a un batallón de Sumapaz una caleta con varios kilos de Indugel, granadas y otro material de intendencia. Resulta que parte de las barras de Indugel son las mismas que después aparecieron en el carro bomba de la avenida Boyacá con calle 53", contó Mota. El ex guerrillero acepta que no sólo se reunió con el mayor Javier Hermida y fue testigo de algunas de las conversaciones que el oficial sostuvo dentro de la cárcel con varios guerrilleros que están detenidos y hacen parte de la investigación por los montajes. Mota también tiene los nombres y sabe cuál fue el papel que jugó en los montajes cada uno de los cuatro guerrilleros que están en La Picota y que también hacen parte de la investigación oficial del caso. De igual forma conoció a los contactos que servían de enlace entre los guerrilleros dentro de la cárcel y los militares. "Jaime Orlando Ávila Sánchez, 'Condorito', era el que más se reunía con el mayor. Afuera de la cárcel la coordinación no sólo era con 'Jessica'; con ella trabajaron en los montajes dos más, el 'Piojo' y 'Cárcamo'. Ellos también se reunían con los militares, afirmó Mota. El día que estalló el carro bomba contra los militares cerca de la Escuela de Cadetes yo estaba con 'Condorito' cuando los militares lo llamaron a reclamarle por la explosión y a decirle que tenían que cambiar de teléfono porque por cuenta de eso se habían calentado", contó Mota

Su relato y algunos de los personajes que menciona coinciden con los datos que están en la investigación que adelantan los fiscales antiterrorismo. 'Condorito' efectivamente es uno de los hombres con quienes tienen relación los militares investigados.

Aunque Mota lleva apenas cuatro meses en el pabellón desde donde se planearon parte de los montajes, otros internos con los que habló SEMANA y quienes llevaban mucho más tiempo en el pabellón confirmaron lo dicho por Mota. Y también que éste se dio cuenta muy pronto de todo porque se ganó la confianza de 'Condorito' y los otros involucrados en los supuestos carros bomba de Bogotá. "La primera vez que yo hablé con el mayor Hermida fue hace más de un mes y medio. Esa vez yo les iba a colaborar entregándoles unos fusiles que necesitaban para cuadrar una desmovilización de un supuesto grupo guerrillero que están coordinando", contó Mota a SEMANA. El mayor al que se refiere es uno de los oficiales señalados de haber participado en los montajes de los carros bomba.

Según le contaron a SEMANA Mota y otros presos, lo que pasó con los montajes fue un negocio muy sencillo en el que todo el mundo ganó. "Si usted es un guerrillero con una condena alta, o incluso un delincuente común condenado a muchos años, 'Condorito' y los otros le ofrecen meterlo a las listas de desmovilizados de la guerrilla y con eso conseguir beneficios que le pueden representar la libertad, afirma otro de los prisioneros entrevistado por SEMANA. El que quiera entrar debe hacer un aporte que puede ser en efectivo, aunque la mayoría de las veces se pide que sea en 'especie".

La 'especie' a la que se refería básicamente consistía en que los que querían los beneficios contemplados en la ley debieron acudir a sus contactos fuera la cárcel para conseguir explosivos, estopines, cordón detonante y material de intendencia. Estos elementos fueron entregados a 'Jessica', la guerrillera detenida por el caso de los montajes, y otros dos cómplices externos que trabajan con ella, conocidos con los alias de 'Cárcamo' y el 'Piojo'. "Cuando la persona ya tiene el material que se necesita le dice a Condorito y él les informaba a sus contactos en el Ejército para que buscaran a 'Jessica' y realizaran las coordinaciones del caso", dijo a SEMANA uno de los guerrilleros detenidos en el pabellón de alta seguridad de La Picota que no quiso revelar su nombre por seguridad.

Ese tipo de transacciones no sólo se utilizaron para algunos de los montajes de los carros bomba. "Hace dos meses yo le conseguí a 'Condorito' 15 estopines. Pero ese material no iba a ser utilizado para los carros bomba sino que me dijo que lo necesitaba para hacerlo pasar como material de intendencia entregado por un grupo de 40 supuestos guerrilleros que él le está ayudando a conseguir al Ejército para desmovilizarlos", dijo Mota a SEMANA.

Los testimonios de Mota fueron ratificados a SEMANA por dos reclusos de La Picota, quienes pidieron mantener su nombre en reserva ya que fueron amenazados cuando iban a dar su testimonio a esta revista. Aunque es claro que estas declaraciones serán evaluadas por la Fiscalía resulta preocupante lo ocurrido en las últimas dos semanas para evitar que los testimonios se hicieran públicos.

El 11 de septiembre, SEMANA solicitó al Inpec una autorización para realizar una entrevista periodística con Mota. El trámite, que normalmente tarda un par de días, se dilató con diferentes argumentos. La información de que Mota hablaría con SEMANA y estaría dispuesto a ir a la Fiscalía fue filtrada al pabellón en donde está recluido Mota, quien no tardó en recibir amenazas y advertencias para que no hablara. Una de esas amenazas se cumplió el pasado lunes a las 6 de la mañana, cuando Mota fue apuñalado en una de sus piernas tras ser advertido nuevamente de "cerrar el pico". SEMANA obtuvo el permiso para entrevistar a Mota el pasado martes 19 de septiembre, una semana después de la solicitud. La entrevista (ver siguiente artículo) en la que Mota contó gran parte de lo que sabe, fue grabada por funcionarios del Inpec quienes, sin autorización de esta revista, la entregaron a oficiales de inteligencia militar pocas horas después.

Dejan un mal sabor los intentos de ciertos funcionarios del Inpec de impedir a cualquier costo que salgan a la luz estos testimonios. Pero es aún más preocupante el contenido de los testimonios en un caso que está lejos de resolverse y que exige total claridad de la justicia y de la opinión pública. Lo único cierto, hasta ahora, es que en La Picota se cocinó gran parte de este escándalo y por ahí deberia empez
Revista semana
http:/www.semana.com

El vicecanciller de la República, Camilo Reyes

Información Relacionada



En Colombia son denunciados diariamente siete casos de "trata de personas"
Bogotá, Colombia (RCN) – Así lo reveló la Organización Internacional para las Migraciones.

El director Mundial de la OIM, Brunson McKinley, quien visitó la Cancillería colombiana, analizó con el Gobierno el caso de los seis colombianos secuestrados en el desierto del Sinaí.

Advirtió que el plagio no fue un hecho aislado, sino parte de una realidad que viven miles de personas que caen en manos de redes de traficantes ilegales de inmigrantes.

Por eso, las autoridades reiteraron la recomendación para quienes pretendan salir del país.

“Tengan mucho cuidado al escoger a los interlocutores y a las personas que se ofrezcan para ayudarles”, señaló el vicecanciller de la República, Camilo Reyes.

http://www.canalrcn.com/noticias/?op=info&idS=742&idP=119&idC=20101


Última Actualización : 2006-09-22 08:27:01
Editor : Iván Colmenares Morales

Friday, September 22, 2006

Septiembre 22 de 2006 -
Farc acusan a canciller colombiana de ser "cuota" de los paramilitares
El grupo guerrillero dijo que María Consuelo Araujo representa los intereses de los escuadrones de ultraderecha en el gabinete del presidente Álvaro Uribe, en una declaración divulgada por Internet.


En el comunicado, Iván Márquez -miembro del secretariado de las Farc- acusó a Araujo de ser "uota" de 'Jorge 40', desmovilizado líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con las que el gobierno de Álvaro Uribe lleva a cabo una negociación de paz.

"No hay que hacer mucho esfuerzo para comprobar que quien maneja los negocios de 'Jorge 40', Sergio Araujo, es hermano de la ministra, quien a su vez asesoraba en asuntos económicos a Sergio", señaló el líder rebelde.

"(Los paramilitares) constituyen hoy el más poderoso cartel de drogas en el mundo surgido de las cenizas de los carteles de Cali y Medellín. Pero a pesar de ello aparecen muy orondos y sonrientes embutidos en el uniforme camuflado del delito político que les ha facilitado Uribe", agregó.

La polémica negociación de Uribe con las AUC ha permitido la desmovilización de unos 31.000 combatientes, según cifras oficiales. Hasta ahora se han entregado 25 de sus jefes que están recluidos en una antigua hacienda de recreo en una población del noroeste colombiano.

AFP

Boletín 126
Jueves, 21 de septiembre del 2006
Comunicaciones ONIC
www.onic.org.co

EN EL CAUCA, DELEGADOS DE LA MISIÓN INTERNACIONAL IMPACTADOS POR LAS EVIDENCIAS DE LA CRISIS QUE VIVEN INDÍGENAS NASAS EN TORIBIO Y JAMBALÓ

EL TRIBUNAL INDÍGENA DEL NORTE DEL CAUCA – NASA ÛUS YUTX PEHNXI, da 71 horas de plazo para la Policía Nacional devuelva los salones comunales, despeje las vías y levante las garitas que se encuentran en medio de las viviendas de los cascos urbanos de Toribío y Jambaló.
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Con recibimiento y custodia de la guardia indígena, dirigencia del CRIC y la ACIN, y la población con signos de esperanza a lo largo y ancho de las calles, los miembros de la misión internacional recorrieron este jueves el territorio del norte en Jambaló y Toribio. El viernes, después de interactuar en Popayán con instancias oficiales e institucionales, arribaran a la Maria Piendamó, sitio de convivencia y paz.

“al recorrer las calles, senderos , descifrar en sus rostros las huellas de la guerra y al final escuchar los testimonios desgarradores de lo que les viene sucediendo a los indígenas en el Cauca, logramos dimensionar la preocupación de sus organizaciones al convocar a la comunidad internacional a esta misión”.

“la muerte del menor WILDER FABIÁN HURTADO y heridos los comuneros BAUTISTA YULE Y ROBINSON ULLUNÉ, por un mortero que dispararan miembros del Batallón Pichincha asentadas en JAMBALÓ, al mando del Teniente Espinel, el cómo estos y miembros de la policía permanecen atrincherados dentro del casco urbano de Toribio y Jambaló, es un ejemplo fehaciente del cómo tienen que vivir en una permanente zozobra, convirtiéndolos en escudos humanos, lo que evidencia que la población civil esta en medio del conflicto armado Colombiano”, son parte de las impresiones de los delegados de la Misión de Verificación, lo cual se constituye en doble reto de incidencia en la comunidad internacional.

“mi casa a sido impactada cinco veces y nadie ha respondido por ello”, “la fuerza pública invade nuestros territorios con armamento pesado, los aviones ametrallan y bombardean alrededor de las viviendas. Nos invaden los salones comunales. La fuerza pública utilizan a nuestras mujeres como objetos sexuales y sus miembros traen al territorio el consumo de marihuana y bazuco”.

Al igual que la fuerza pública, “la guerrilla también nos invade. Ataca con armas no convencionales matándonos y destruyendo nuestros bienes. Crea estructuras políticas y militares que vulneran nuestra autoridad y la gobernabilidad del territorio. Asesina nuestros dirigentes. Señala a quienes nos mostramos en desacuerdo con sus políticas y sus prácticas como agentes del estado o como paramilitares, mientras el gobierno hace lo mismo”.

“Ambos actores reclutan a nuestros jóvenes y dejan minas antipersonales y munición sin explotar que pone en peligro nuestras vidas. Hemos llegado a tal extremo que nos exigen permisos para entrar a nuestros sitios sagrados”, son las denuncias reiterativas que escucharon y evidenciaron los miembros de la misión.

Por su parte, y por lo acontecido antes de la misión, el Tribunal Indígena del Norte del Cauca – Nasa Ûus Yutx Pehnxi, como máxima instancia jurisdiccional de los pueblos indígenas que habitan este territorio, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que le confieren la ley de origen y la Constitución Política de Colombia, decide asumir como competencia de la justicia indígena los hechos acontecidos en Zumbico y Monterredondo, “ya que ocurrieron dentro de nuestro territorio ancestral y afectaron a miembros de nuestros pueblos, no permitiremos la presencia en nuestro territorio de las fuerzas de seguridad del estado: fuerzas militares, Policía, Fiscalía, DAS, SIJIN y demás, como tampoco permitiremos la presencia de los actores ilegales del conflicto armado en nuestros territorios, por lo que exigimos a las FARC el desmonte de las estructuras que operan en nuestros territorios ancestrales”.

Al asumir esta decisión, “como un primer paso para el desalojo del territorio, la Policía Nacional deberá devolver los salones comunales, despejar las vías y levantar las garitas que se encuentran en medio de las viviendas de los cascos urbanos de Toribío y Jambaló en un plazo de 71 horas. Deberán reubicarse en los espacios que han definido las autoridades de ambos territorios”.

No sin antes responsabilizar “como autor material de la muerte de WILDER FABIÁN HURTADO y de las heridas provocadas a BAUTISTA YULE y ROBINSON ULLUNÉ a las tropas del Batallón Pichincha asentadas en JAMBALÓ, AL MANDO DEL Teniente Espinel”., de igual manera responsabilizan “como autores intelectuales de los hechos acontecidos en las veredas Zumbico y Monterredondo a la comandancia de la Tercera División del Ejército y al Presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, autor de la política de Seguridad Democrática, a la comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y a la comandancia de los grupos paramilitares que operan en el Norte del Cauca de los hechos denunciados por el Tejido de Armonía y Justicia de la ACIN”.

COMITE EJECUTIVO ONIC

Ver: fallo completo del tribunal en la pagina www.onic.org.co

DE IGUAL MANERA EN LA SEPARATA DE LA MISION, CON SOLO PULSAR EL AFICHE PROMOCIONAL OBTENDRA MAYOR INFORMACION Y A TRAVES DE LA EMISORA VIRTUAL DACHIBEDEA POR LA MISMA PAGINA....

Servicio noticioso – Número 148 – septiembre 21 de 2006
Tribunal indígena juzga asesinato de menor de edad a manos de militares en Jambaló

Corresponsal | Periódico el Turbión – Jambaló (Cauca), septiembre 20 de 2006

En momentos que la Misión internacional de verificación inicia su recorrido por diferentes comunidades indígenas de Colombia para constatar las múltiples violaciones a los Derechos Humanos de que son víctimas, en el Cauca, uno de los territorios más golpeados por los actores armados, la muerte, el pasado sábado 16, de Wilder Fabián Hurtado, un menor de 10 años, a causa de la explosión de una granada de mortero lanzada por miembros del Ejército, adscritos al Batallón Pichincha de la Tercera Brigada, fue la gota trágica y dolorosa que reboso el vaso de la comunidad del resguardo indígena de Jambaló.

Tras una larga lista de asesinatos perpetrados por los diferentes actores armados que actúan en la región –ya sea por lo que consideran 'errores militares', 'accidentes', 'negligencia' o por 'ajusticiamientos'–, los lideres indígenas exigen la salida de las Fuerzas Armadas de la zona, pues éstas, al contrario de traer seguridad, representan peligro, zozobra y amenaza permanente.

En el marco de la Asamblea permanente por el Derecho a la Vida y la Autonomía indígena, declarada desde el 19 de septiembre como rechazo a este crimen perpetrado por los militares y en espera de una solución real y definitiva a ese panorama, se recordó a algunas de las 138 víctimas registradas desde finales de la década de los 80, situación acentuada en los últimos 4 años por la presencia paramilitar y la política de seguridad democrática: el padre Álvaro Ulcúe Chocué, asesinado por la fuerza pública el 10 de noviembre de 1984; Marden Betancur Conda, asesinado por la Columna Cacique Calarcá del ELN el 19 de agosto de 1996; Germán Escué, asesinado por el ejercito en Jambaló el 1 de febrero de 1998; José Diego Vitonás, asesinado por las FARC en Toribio el 16 de diciembre de 2000; Cristobal Secué Tombé, asesinado por las FARC en Corinto el 25 de junio de 2001; Apolinar Dizú, asesinado en enfrentamientos de la fuerza pública con la guerrilla en Santander de Quilichao el 3 de septiembre de 2001; Samuel Fernando Dizú, asesinado por paramilitares en Santander de Quilichao el 4 de marzo de 2002; Aldemar Pinzón, asesinado por los paramilitares en Bodega Alta - Caloto el 3 de septiembre de 2003; Paola Andra Yule de 15 años de edad asesinada por las FARC, por sostener relaciones amororsas con un miembro de las fuerza pública, el 29 de agosto de 2006, y Wilmer Fabián Hurtado, menor de 10 años asesinado por el ejército el pasado 17 de septiembre, mientras participaba en un bingo que realizaba la comunidad de Zumbico, vereda de Jambaló, para conseguir las cosas que el Estado no garantiza a las comunidades y dotar a la escuela de la localidad. En estos hechos también fue herido de gravedad el comunero Bautista Yule, quien se encontraba cerca del lugar de la explosión.

Al conocerse estos antecedentes, es difícil aceptar que en una zona tan frágil en seguridad, tan sensible, tan delicada, se produzca un "accidente militar", como lo calificara el comandante del Batallón Pichincha, coronel Henry Piraquive, al referirse a los hechos que acabaron con la vida de Wilder. Hechos que ni él mismo sabe cómo justificar, ya que, a pesar de que no había enfrentamientos con cuerpo armado alguno u operativos en la zona, se activó y disparó un artefacto de alto poder destructivo que terminó causando esta desgracia.

Argumentando que los hechos se produjeron por un error en el manejo de armamentos en mal estado, el coronel Piraquive señaló que "hubo problemas de fabricación de la granada que estaba dispuesta para un alcance de 7 km, pero falló", afirmando estar dispuesto a asumir los resultados de las investigaciones que adelantan la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar. Sin embargo, lo que no se garantiza en este, como otros cientos de casos, es que vayan a producirse resultados cuando, por el contrario, es muy probable que este crimen deba añadirse a la larga lista de delitos que quedan en la más absoluta impunidad, que es la que siempre brilla en los casos que relacionan a los cuerpos armados del Estado.

Así mismo, la gran inquietud que queda de las explicaciones del oficial es por qué se escogió precisamente la fecha del 16 de septiembre para probar un armamento en mal estado y por qué esta granada de mortero fue disparada en dirección a Zumbico, justo al lugar y en la fecha y hora en las que se celebraba una actividad que contaba con la presencia de toda la comunidad y que buscaba mejorar las condiciones en que la escuela rural imparte instrucción a niños indígenas.

Las autoridades indígenas del cabildo de Jambaló permanecen en Asamblea Permanente hasta tanto no se encuentren las respuestas, los correctivos y los compromisos necesarios para que esto jamás vuelva a ocurrir. Por ese motivo, realizaron un Tribunal Indígena de Enjuiciamiento a los responsables de tales hechos y, de acuerdo a sus normas tradicionales, realizaron las denuncias, contaron los testimonios y propusieron los castigos frente a la gobernadora del resguardo, Florilba Tróchez y los demás gobernadores de las comunidades indígenas del Cauca, el consejero mayor del CRIC, José Buenaventura Díaz, representantes de la ONIC, la AMCIC, la Defensoría del Pueblo y los representantes de la Misión de Verificación, decidiendo las acciones autónomas y legales que van a seguir frente a ese hecho que los enluta, pero que, sobre todo, demuestra la descomposición e inseguridad en que se encuentran con la amenaza constante de unas Fuerzas Militares y un Estado que, antes que cumplir su misión y velar por su seguridad y sus derechos fundamentales, les asesinan y vulneran su autonomía.

La gobernadora Florilba Tróchez afirmó que la exigencia fundamental que hacen al Gobierno Nacional, a sus Fuerzas Militares, a la guerrilla y a los paramilitares es que no quieren que operen en su territorio, ya que no están de acuerdo con que las comunidades del resguardo se vean afectadas por el accionar y el uso de las armas que los actores armados de cualquier tipo realizan. En ese sentido, se espera que en un tiempo no muy largo estos actores no estén en su territorio y señala que, para lograrlo, están dispuestos a hacer uso de la acción colectiva de la minga que, en otras ocasiones, ha hecho entender a otros grupos armados que su comunidad no está segura con su presencia, sino que por el contrario, aumentan el ambiente de temor y de peligro.

Ante las declaraciones del comandante del Batallón Pichincha, coronel Henry Piraquive, en el sentido de que ellos no abandonarán ese territorio porque lo que pretenden es brindar seguridad a la población, la gobernadora preguntó a la concurrencia: "¿qué seguridad nos pueden brindar ellos, cuando ya estamos viendo no sólo este –la muerte de Wilder– sino muchos otros casos?", añadiendo que "nosotros no necesitamos que personas que usen las armas estén hablando de brindarnos seguridad".

Igualmente, el consejero Mayor del CRIC, José Buenaventura Díaz, confirmó algunas de las decisiones que se van a dar a conocer al Gobierno Nacional y los miembros de la Fuerza Pública, como las exigencias de que sean sancionados los actores intelectuales y materiales de los hechos y de que desocupen inmediatamente los territorios indígenas en el departamento del Cauca, especialmente en Jambaló donde están atrincherados.

Al recorrer el pequeño caserío que conforma la población de Jambaló, El Turbión pudo constatar que son numerosas las trincheras que existen tanto de la Policía como del Ejército. En una extensión de 6 cuadras vimos 8 trincheras y barricadas, la mayoría ubicadas al lado de las viviendas, escuelas, o lugares públicos y que ponen en grave peligro a los habitantes de la zona. En este sentido, la decisión que han tomado las comunidades indígenas es que las trincheras van a ser destruidas, tal como lo han hecho con otros actores o como destruyeron las barricadas militares el día del sepelio del pequeño Wilmer, como una demostración de su determinación por mantener la autonomía en sus territorios.

Con la presencia de la Misión Internacional que inicia desde hoy un recorrido por el norte del Cauca, en Santander de Quilichao, Jambaló al oriente y La María Piendamó, donde se instalarán hasta mañana, se buscará que esta grave situación se añada a las denuncias internacionales que sigue muy de cerca el Juez Baltasar Garzón y un grupo de juristas, intelectuales y ONG que buscan que no queden impunes los delitos cometidos contra la población indígena.

Así las cosas, a pesar de que los militares se rigen por la jurisdicción nacional y no por la indígena, las autoridades del Cabildo de Jambaló, con el aval de las autoridades indígenas locales y nacionales representadas en la ONIC, la AMCIC y el CRIC, harán valer su derecho de autonomía indígena y esperan recuperar sus territorios y sacar de allí los actores armados que, al contrario de ofrecer seguridad, causan muerte, temor y zozobra.

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Servicio noticioso – Número 148 – septiembre 21 de 2006
Tribunal indígena juzga asesinato de menor de edad a manos de militares en Jambaló

Corresponsal | Periódico el Turbión – Jambaló (Cauca), septiembre 20 de 2006

En momentos que la Misión internacional de verificación inicia su recorrido por diferentes comunidades indígenas de Colombia para constatar las múltiples violaciones a los Derechos Humanos de que son víctimas, en el Cauca, uno de los territorios más golpeados por los actores armados, la muerte, el pasado sábado 16, de Wilder Fabián Hurtado, un menor de 10 años, a causa de la explosión de una granada de mortero lanzada por miembros del Ejército, adscritos al Batallón Pichincha de la Tercera Brigada, fue la gota trágica y dolorosa que reboso el vaso de la comunidad del resguardo indígena de Jambaló.

Tras una larga lista de asesinatos perpetrados por los diferentes actores armados que actúan en la región –ya sea por lo que consideran 'errores militares', 'accidentes', 'negligencia' o por 'ajusticiamientos'–, los lideres indígenas exigen la salida de las Fuerzas Armadas de la zona, pues éstas, al contrario de traer seguridad, representan peligro, zozobra y amenaza permanente.

En el marco de la Asamblea permanente por el Derecho a la Vida y la Autonomía indígena, declarada desde el 19 de septiembre como rechazo a este crimen perpetrado por los militares y en espera de una solución real y definitiva a ese panorama, se recordó a algunas de las 138 víctimas registradas desde finales de la década de los 80, situación acentuada en los últimos 4 años por la presencia paramilitar y la política de seguridad democrática: el padre Álvaro Ulcúe Chocué, asesinado por la fuerza pública el 10 de noviembre de 1984; Marden Betancur Conda, asesinado por la Columna Cacique Calarcá del ELN el 19 de agosto de 1996; Germán Escué, asesinado por el ejercito en Jambaló el 1 de febrero de 1998; José Diego Vitonás, asesinado por las FARC en Toribio el 16 de diciembre de 2000; Cristobal Secué Tombé, asesinado por las FARC en Corinto el 25 de junio de 2001; Apolinar Dizú, asesinado en enfrentamientos de la fuerza pública con la guerrilla en Santander de Quilichao el 3 de septiembre de 2001; Samuel Fernando Dizú, asesinado por paramilitares en Santander de Quilichao el 4 de marzo de 2002; Aldemar Pinzón, asesinado por los paramilitares en Bodega Alta - Caloto el 3 de septiembre de 2003; Paola Andra Yule de 15 años de edad asesinada por las FARC, por sostener relaciones amororsas con un miembro de las fuerza pública, el 29 de agosto de 2006, y Wilmer Fabián Hurtado, menor de 10 años asesinado por el ejército el pasado 17 de septiembre, mientras participaba en un bingo que realizaba la comunidad de Zumbico, vereda de Jambaló, para conseguir las cosas que el Estado no garantiza a las comunidades y dotar a la escuela de la localidad. En estos hechos también fue herido de gravedad el comunero Bautista Yule, quien se encontraba cerca del lugar de la explosión.

Al conocerse estos antecedentes, es difícil aceptar que en una zona tan frágil en seguridad, tan sensible, tan delicada, se produzca un "accidente militar", como lo calificara el comandante del Batallón Pichincha, coronel Henry Piraquive, al referirse a los hechos que acabaron con la vida de Wilder. Hechos que ni él mismo sabe cómo justificar, ya que, a pesar de que no había enfrentamientos con cuerpo armado alguno u operativos en la zona, se activó y disparó un artefacto de alto poder destructivo que terminó causando esta desgracia.

Argumentando que los hechos se produjeron por un error en el manejo de armamentos en mal estado, el coronel Piraquive señaló que "hubo problemas de fabricación de la granada que estaba dispuesta para un alcance de 7 km, pero falló", afirmando estar dispuesto a asumir los resultados de las investigaciones que adelantan la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar. Sin embargo, lo que no se garantiza en este, como otros cientos de casos, es que vayan a producirse resultados cuando, por el contrario, es muy probable que este crimen deba añadirse a la larga lista de delitos que quedan en la más absoluta impunidad, que es la que siempre brilla en los casos que relacionan a los cuerpos armados del Estado.

Así mismo, la gran inquietud que queda de las explicaciones del oficial es por qué se escogió precisamente la fecha del 16 de septiembre para probar un armamento en mal estado y por qué esta granada de mortero fue disparada en dirección a Zumbico, justo al lugar y en la fecha y hora en las que se celebraba una actividad que contaba con la presencia de toda la comunidad y que buscaba mejorar las condiciones en que la escuela rural imparte instrucción a niños indígenas.

Las autoridades indígenas del cabildo de Jambaló permanecen en Asamblea Permanente hasta tanto no se encuentren las respuestas, los correctivos y los compromisos necesarios para que esto jamás vuelva a ocurrir. Por ese motivo, realizaron un Tribunal Indígena de Enjuiciamiento a los responsables de tales hechos y, de acuerdo a sus normas tradicionales, realizaron las denuncias, contaron los testimonios y propusieron los castigos frente a la gobernadora del resguardo, Florilba Tróchez y los demás gobernadores de las comunidades indígenas del Cauca, el consejero mayor del CRIC, José Buenaventura Díaz, representantes de la ONIC, la AMCIC, la Defensoría del Pueblo y los representantes de la Misión de Verificación, decidiendo las acciones autónomas y legales que van a seguir frente a ese hecho que los enluta, pero que, sobre todo, demuestra la descomposición e inseguridad en que se encuentran con la amenaza constante de unas Fuerzas Militares y un Estado que, antes que cumplir su misión y velar por su seguridad y sus derechos fundamentales, les asesinan y vulneran su autonomía.

La gobernadora Florilba Tróchez afirmó que la exigencia fundamental que hacen al Gobierno Nacional, a sus Fuerzas Militares, a la guerrilla y a los paramilitares es que no quieren que operen en su territorio, ya que no están de acuerdo con que las comunidades del resguardo se vean afectadas por el accionar y el uso de las armas que los actores armados de cualquier tipo realizan. En ese sentido, se espera que en un tiempo no muy largo estos actores no estén en su territorio y señala que, para lograrlo, están dispuestos a hacer uso de la acción colectiva de la minga que, en otras ocasiones, ha hecho entender a otros grupos armados que su comunidad no está segura con su presencia, sino que por el contrario, aumentan el ambiente de temor y de peligro.

Ante las declaraciones del comandante del Batallón Pichincha, coronel Henry Piraquive, en el sentido de que ellos no abandonarán ese territorio porque lo que pretenden es brindar seguridad a la población, la gobernadora preguntó a la concurrencia: "¿qué seguridad nos pueden brindar ellos, cuando ya estamos viendo no sólo este –la muerte de Wilder– sino muchos otros casos?", añadiendo que "nosotros no necesitamos que personas que usen las armas estén hablando de brindarnos seguridad".

Igualmente, el consejero Mayor del CRIC, José Buenaventura Díaz, confirmó algunas de las decisiones que se van a dar a conocer al Gobierno Nacional y los miembros de la Fuerza Pública, como las exigencias de que sean sancionados los actores intelectuales y materiales de los hechos y de que desocupen inmediatamente los territorios indígenas en el departamento del Cauca, especialmente en Jambaló donde están atrincherados.

Al recorrer el pequeño caserío que conforma la población de Jambaló, El Turbión pudo constatar que son numerosas las trincheras que existen tanto de la Policía como del Ejército. En una extensión de 6 cuadras vimos 8 trincheras y barricadas, la mayoría ubicadas al lado de las viviendas, escuelas, o lugares públicos y que ponen en grave peligro a los habitantes de la zona. En este sentido, la decisión que han tomado las comunidades indígenas es que las trincheras van a ser destruidas, tal como lo han hecho con otros actores o como destruyeron las barricadas militares el día del sepelio del pequeño Wilmer, como una demostración de su determinación por mantener la autonomía en sus territorios.

Con la presencia de la Misión Internacional que inicia desde hoy un recorrido por el norte del Cauca, en Santander de Quilichao, Jambaló al oriente y La María Piendamó, donde se instalarán hasta mañana, se buscará que esta grave situación se añada a las denuncias internacionales que sigue muy de cerca el Juez Baltasar Garzón y un grupo de juristas, intelectuales y ONG que buscan que no queden impunes los delitos cometidos contra la población indígena.

Así las cosas, a pesar de que los militares se rigen por la jurisdicción nacional y no por la indígena, las autoridades del Cabildo de Jambaló, con el aval de las autoridades indígenas locales y nacionales representadas en la ONIC, la AMCIC y el CRIC, harán valer su derecho de autonomía indígena y esperan recuperar sus territorios y sacar de allí los actores armados que, al contrario de ofrecer seguridad, causan muerte, temor y zozobra.

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PRONUNCIAMIENTO
ANTE LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El pueblo nasa del territorio ancestral SATA MAKIWE, la Asociación de Cabildos Comunitarios del Municipio de Caldono, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hoy levantan su voz una vez más para exigir la liberación de los dos compañeros comunicadores indígenas secuestrados Rubiel Lis Velasco y Griseldino Yafue Guetoto, detenidos la mañana del martes 19 de septiembre del 2006 en Caldono, sin razón alguna ni orden de captura.

El pueblo nasa, sus comunidades y organizaciones consideran esta acción como un acto de represión de parte del Estado que violenta la autonomía de este territorio indígena e ignora totalmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas expresados en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución del Estado Colombiano así como las normas del derecho internacional en materia de telecomunicaciones por medio de los cuales los pueblos tenemos derecho a la libertad de expresión a través de medios de comunicación propios.

Manifestamos que no vemos esta acción como una detención formal sino como un acto de secuestro político, un secuestro de las voces de nuestro pueblo, acto similar a los que vienen ocurriendo en toda América Latina en contra de nuestros comunicadores indígenas y de los diversos medios de comunicación alternativos.

Informamos a todos nuestros hermanos, así como a las instancias de derechos humanos nacionales e internacionales que además de haberse llevado a estos dos comunicadores indígenas, está ocurriendo la presencia de la policía en las afueras de la Radio Uxwal, acercándose a intimidar a todos los comuneros reunidos aquí para proteger la radio, e incluso a exigir en una reunión que estábamos llevando a cabo que nos callemos, ordenando a los dirigentes que dejen de hablar. De igual manera, se ha estado intentado desde afuera apagar la radio por medio del corte de la luz.

Todo esto ocurre cuando faltan menos de 24 horas para que inicie el Primer Encuentro Nacional de Comunicación Indígena de Colombia, que tendrá lugar en el Municipio de Silvia, territorio Misak Wampia, a dónde llegarán comunicadores indígenas de todo el país y del ámbito internacional para hablar sobre las estrategias de comunicación indígena que seguiremos en unidad durante los próximos años.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, organismos de derechos humanos para que se unan y demanden la exigencia de la liberación de nuestros compañeros y se permita el libre desarrollo de nuestro encuentro de comunicadores así como el respeto a este medio de comunicación propio, legítimo y autónomo que ya por seis años venimos defendiendo.

Repudiamos estas acciones tramposas, totalmente fuera de los marcos legales del mismo Estado y, peor aún, fuera de nuestro propio marco de justicia comunitaria, la cual ha sido totalmente ignorada y descalificada.

Condenamos la criminalización de los comunicadores indígenas y, con ello, a criminalización de la lucha indígena y campesina en materia de comunicación alternativa, parte fundamental del desarrollo colectivo de los pueblos.

¡Seguiremos defendiendo y luchando por la libertad de expresión, por la libertad de nuestra palabra, por nuestra autonomía, por la vida y por la dignidad!

Pueblo Nasa
Territorio Ancestral Sata Makiwe
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Con gran satisfacción presentamos a nuestros lectores este número especial de INSURRECCIÓN con los análisis y conclusiones del IV Congreso "Comandantes Manuel Pérez y Oscar Santos" tomados de la Revista Unidad
DECLARACIÓN POLÍTICA DEL IV CONGRESO DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL
LLAMAMIENTO AL PUEBLO COLOMBIANO
EN LA RUTA DEL CAMBIO
El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, les presenta a los pueblos del mundo un parte de victoria, al culminar con éxito el IV Congreso. A pesar de los grandes operativos militares del Estado, los delegados de todos los Frentes de Guerra y estructuras especializadas nos pudimos concentrar y realizar nuestro máximo evento democrático.
LA GLOBALIZACIÓN QUE MATA
Hemos asistido a la globalización de la inequidad, de la injusticia social, de la exclusión. La antidemocracia se ha impuesto en el mundo mediante la práctica del militarismo, es la pretensión de hacer eterno el mundo de la desigualdad y el privilegio para la minoría imperialista y no otro, el verdadero sentido de las invasiones o guerras programadas desde los centros del poder estadounidense.
Nunca antes, como ahora, la humanidad y el planeta han estado más amenazados. Hoy, también es más evidente que el capitalismo se ha mostrado incapaz para resolver con sentido de futuro los grandes problemas de la convivencia plena del ser humano en armonía con la naturaleza.
La peste del hambre se extiende por todo el mundo, la pobreza reduce las posibilidades de vida a más de la mitad de la población mundial y un contingente de cientos de millones han sido colocados en el límite de la indigencia. Son numerosos los pueblos y naciones excluidos del vivir y del ser.
Los ecosistemas han acumulado niveles de deterioro y destrucción impresionantes, de persistir esta dinámica, se pone en entredicho la existencia de la vida para las próximas generaciones.
Pero hay signos alentadores. Desde otra orilla, la de pueblos y naciones se continúa en la construcción de un mundo mejor, se alientan nuevos caminos en una marcha hacia la construcción de otras realidades de vida y democracia que permitan que el mundo acceda a una globalización llena de humanismo. La conciencia de los pueblos y naciones, para fundar un nuevo paradigma social, asciende para oponerse a las guerras imperialistas y se funde con la resistencia de los pueblos a dejarse colonizar.
RENACE LA ESPERANZA
El sueño de una democracia planetaria renace con la fuerza de los pueblos que despiertan para sacudirse de la violencia neoliberal imperialista.
Un socialismo renovado y creativo vuelve a colocarse sobre la ruta de la humanidad para salvarla de la hecatombe que la amenaza. Duros años de lucha y de resistencia han hecho brillar muy alta la dignidad del pueblo cubano.
Asistimos a una nueva situación en América Latina. Los pueblos una vez más se han puesto en movimiento hacia la conquista de su futuro y están sobre el camino de la segunda independencia.
En Venezuela y Bolivia, con los liderazgos de Hugo Chávez y Evo Morales, las grandes mayorías avanzan construyendo democracia popular y diseñando un nuevo modelo económico y social que favorezca los desarrollos nacionales y el bienestar de las gentes, desatando las amarras de la dependencia y dominación imperialista.
En Brasil, Argentina y Uruguay, han sido evidentes los anhelos de cambio de grandes franjas de la población. El pueblo ecuatoriano ha realizado en los últimos años, varios levantamientos de trascendencia y alcance nacional, llegando a tumbar tres Presidentes y estableció una Junta Popular de gobierno por corto tiempo.
En los próximos procesos electorales de Perú, México y Nicaragua las oligarquías nativas y los Estados Unidos, se empeñan para imponer sus candidatos, mientras que los anhelos de libertad, cambios y soberanía de amplios sectores sociales, se movilizan con grandes expectativas. Se advierten momentos de inestabilidad política, situaciones sociales de gran conflictividad y crisis de gobierno.
El modelo neoliberal, la expoliación de las transnacionales y los propósitos de recolonización de los Estados Unidos sobre América Latina, hicieron crisis en varios países de la región, generando colosales explosiones sociales y un sentimiento de cambio en sectores mayoritarios de sus pueblos, desencadenando con ello nuevos momentos y realidades en sus relaciones con el Imperialismo norteamericano.
Los Estados Unidos están obligados a respetar los caminos de esperanza, democracia y liberación que, una vez más, los pueblos del continente han puesto en marcha de una manera soberana. De no ser así, los pueblos seguirán estando en el legítimo derecho de defender el curso de su historia.
Convocamos al pueblo colombiano y a los pueblos hermanos del continente, a unirnos en un solo esfuerzo para hacerle frente a la agresión que adelantan el gobierno estadounidense y las oligarquías de la región. Hoy, al igual que ayer, cuando el Libertador y San Martín unieron las voluntades emancipadoras de la región, nos corresponde actuar con el criterio de que nuestra patria es América Latina, que ahora va construyendo su propio camino y, ya es un referente para Colombia.
COLOMBIA: LA DEMOCRACIA NEGADA
La oligarquía nos ha negado a los colombianos la posibilidad de existir en una sociedad verdaderamente democrática. Siempre ha gobernado para su interés exclusivo y ha impedido que las grandes mayorías construyan formas de participación incluyentes y otras maneras de gobernarse, donde el interés social y nacional prime sobre los privilegios particulares y extranjeros.
El pueblo colombiano durante décadas ha buscado ser escuchado, pero todas sus protestas han sido reprimidas de manera violenta. Hoy se cuentan por decenas de miles los muertos, en una lucha desigual, donde los gobiernos de turno, uno a uno, le declararon una guerra al pueblo. Mientras las heridas sangrantes siguen palpitando en los millones de desterrados, desarraigados y despojados, los victimarios amparados por el estado acrecientan sus riquezas y reciben estatus de “señores” por sus crímenes.
Colombia se destruye ante nuestros ojos, el control del Estado y de la política se entrega a los narcoparamilitares, la impunidad campea a plena luz del día, los campos militarizados siguen desolados, nuestra población perseguida, la venta del patrimonio nacional se hace sin ninguna contemplación para favorecer el interés extranjero, a la juventud se le sigue negando en sus derechos y aspiraciones; por eso, todos los colombianos tenemos la obligación de no seguir permitiendo esto. Sólo la voz de protesta, la movilización activa y la lucha solidaria contra este gobierno, lo puede frenar y revertir.
UNA GUERRILLA CON SENTIDO DE PATRIA
Las guerrillas colombianas tienen sus orígenes en estas protestas populares desoídas y reprimidas con violencia, su razón de existencia es la búsqueda de cambios en el país para que se favorezcan los pobres, los humildes y excluidos de la patria. Nada diferente motiva la lucha guerrillera que el bienestar de todos y la conquista de la paz con justicia social.
En este sentido las organizaciones guerrilleras tenemos un ideario común, tanto para la lucha actual, como para la construcción de un futuro socialista para Colombia, pero es perentorio estar a la altura política que demanda el país y comprometernos a trabajar desde la acción coordinada, la ampliación de los niveles de cooperación, en la dirección de edificar la unidad del movimiento guerrillero.
Ninguno de los gobiernos se ha ocupado en la solución a la grave crisis que padece Colombia y, por el contrario, continúan gobernando sin escuchar el clamor popular, ni la crítica que desde el movimiento guerrillero se ha hecho a lo largo de más de cuatro décadas. Su manera de hacer política y de gobernar terminaron profundizando la exclusión y la barbarie contra la población.
Desde diversos sectores de la sociedad se ha propuesto buscarle una salida política al conflicto, entendida ésta como un camino diferente a la guerra, pero que le abra camino a las transformaciones estructurales en lo social, en lo económico y político, donde el dolor de las mayorías pueda ser redimido.
Pero la visión estrecha de la oligarquía ha pretendido desvirtuar la solución política, reduciéndola al desarme y desmovilización de la insurgencia, cerrando cualquier posibilidad de construir futuro para Colombia.
La grave crisis humanitaria producida por el terrorismo de Estado y su instrumento de muerte, el paramilitarismo; el despojo creciente con que el neoliberalismo asfixia a casi todos los hogares colombianos; la creciente intervención militar norteamericana y la entrega desmedida de la soberanía nacional hacen inaplazable construir una propuesta de nación que haga posible un futuro distinto al drama que vivimos.
La oligarquía ha mantenido atada a Colombia a los intereses imperialistas, negando la construcción del proyecto de nación, de su desarrollo soberano, como identidad de idearios, como construcción de sociedad con referentes históricos y culturales.
La propuesta de nación y de soberanía es una respuesta a dicha negación y requiere que todos los sectores de la sociedad nos convoquemos para gestar procesos de confluencia y nuevas dinámicas de participación democrática.
POR UN NUEVO GOBIERNO DE NACIÓN, PAZ Y EQUIDAD
Colombia debe marchar hacia la construcción de un Nuevo Gobierno, de nación, paz y equidad. Un gobierno que sea construido desde cada colombiano, desde lo local y lo regional, desde hechos políticos y sociales, desde la movilización y la protesta.
Tiene que ser un gobierno sustancialmente diferente, construido con la participación democrática y protagónica de las mayorías que haga viable un acuerdo nacional para transitar hacia las transformaciones estructurales que el país necesita. En tal sentido, se inscribe el propósito de la Convención Nacional , como un esfuerzo de mayorías.
Llamamos a toda Colombia, a los jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres, a todos quienes nos duele la suerte de la Patria , a trabajar por una salida política al conflicto; para que en ese proceso participativo unifiquemos idearios, para que en el ejercicio de buscar la paz construyamos democracia; para que en cada encuentro examinemos los dolores de la patria y desde nosotros mismos construyamos el futuro. La búsqueda de la paz debe colocarnos en el camino de un Nuevo Gobierno.
POR UN NUEVO GOBIERNO DE NACIÓN, PAZ Y EQUIDAD
Montañas de Colombia, julio 4 de 2.006



Revista Nacional de Cultura Politica SI FUTURO
Sistema Nacional e Internacional
Patria Libre
ELN - Colombia.

Monday, September 18, 2006

Servicio noticioso – Número 145 – septiembre 4 de 2006
Por la memoria contra la impunidad

Equipo | Periódico El Turbión

El pasado 30 de agosto, en medio de la conmemoración del Día internacional de los detenidos desaparecidos, en Bogotá se recordó el 19° aniversario de la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista, hecho ocurrido el 30 de agosto de 1987 en esta misma ciudad, y se rindió, a su vez, homenaje a Jaime Gómez, historiador, ensayista y asesor de Piedad Córdoba, víctima de este mismo crimen de Estado en mayo pasado.

Este encuentro se inició con la llegada de una serie de personajes, vestidos con atuendos negros y blancos que iban tocando melodías melancólicas y tristes. Lo más característico de este momento fue la presencia de una mujer vestida de negro, con arrugas y algunas canas, que llevaba en su mano la foto de Nydia Erika Bautista y preguntaba a todos los espectadores si la habían visto, pero nadie, ninguno de los presentes daba respuesta: tal vez porque no la conocían o porque el olvido había hecho que su recuerdo desapareciera de las memorias.

El evento se desarrolló con los testimonios y las palabras que ofreció el hijo de Nydia, Erik Arellana, y la hija de Jaime, Diana Gómez, quienes hacen parte del Movimiento de hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad de Colombia. Cada uno habló sobre su historia personal y sobre la pérdida de sus padres, recordando a los presentes cómo la injusticia y las violaciones de los derechos humanos en el país permanecen impunes, debido a la falta de memoria de una sociedad que, omitiendo la realidad violenta del país, permite que desaparezcan personas por ejercer el derecho a la oposición política.

Las dos historias mencionadas se vinculan, debido al hilo de impunidad e injusticia que las ha ido tergiversando y transformando a través del tiempo, generando temor e impotencia entre las familias, amigos y colaboradores. En palabras de Erik Arellana: “ha sido muy difícil encontrar el cuerpo, las pruebas y las huellas de estos crímenes, ya que el Estado ha ido borrando toda esta información para acabar con aquellos que hacen parte de la oposición”, señalando que estas acciones son eseciales para borrar la memoria de quienes proponen alternativas diferentes a la realidad imperante.

La palabra “tergiversar”, como sinónimo de falsear y deformar, es un concepto que ha favorecido la creación de 'crímenes perfectos' y para que los responsables de ellos no sean llevados ante la justicia. Para los hijos de aquellos que fueron desaparecidos se trata de “una estrategia, una parafernalia que quiere volvernos locos a todos”, una locura que se constituye en instrumento para generar pruebas en contra de las víctimas y para favorecer los abusos del Estado.

Por otro lado, se debe reconocer la labor que el Movimiento de hijos e hijas, en unión con otras organizaciones, ha realizado en favor de la memoria, por las víctimas de los crímenes de Estado y por una sociedad a la cual se quiere callar y destruir, valiéndose del miedo y la muerte. Este esfuerzo exige la valoración de la diversidad de pensamientos e ideas, en la que no se señalen ni se tilden de “terroristas” todas las opiniones diferentes a la oficial.

El encuentro, además de presentar los casos frente a los cuales el Estado ha demostrado negligencia, desinterés o favorecimiento de los victimarios, evidenció la necesidad de perseverar en una lucha para evitar, precisamente, que con actos brutales como estos las ideas que han recibido semejante trato sean también condenadas a la exclusión, al abandono en el baúl de lo innombrable y a la supresión por parte de los intereses que dominan el Estado.

En el evento se analizaron, además, los trágicos eventos que rodearon la toma del Palacio de Justicia, sucedida el 6 y 7 de noviembre de 1985, como muestra de las tantas historias que no se ha esclarecido en la justicia colombiana y como uno de los grandes acontecimientos y fracturas en la historia nacional. Cada palabra, frase y gesto de quienes recordaban lo sucedido con los empleados y personas que fueron desaparecidos de la cafetería de este mítico edificio iba evidenciando desconcierto y rabia ante la invalidez del Estado en estos casos y por conocer, claramente, cuáles son los intereses políticos que han escondido la responsabilidad de los altos mandos, militares y de gobierno, en estos crímenes y llevando al país a pervivir en esta libertad castrada, paradójica pero real, que se ha convertido en un ritual para la muerte.

Todos estos testimonios son llamados a que la sociedad colombiana no deje estos hechos en el pasado, como algo y que ya no tiene relevancia, sino a que los se integre al presente, para que esas historias no se repitan y para que el pueblo tenga voz, a través de la denuncia de casos que, como éstos, involucran a toda la nación y no sólo a las víctimas.

La denuncia y la lucha contra la impunidad, así, continúa en nuestro presente y futuro, sigue convirtiéndose en toda una reunión de dignidad, desde la cual debe ser posible la vinculación de nuevas historias y realidades que desconocemos en nuestra cotidianidad, donde la voz y la memoria contra la impunidad sigan firmes. “Por la vida hasta la vida misma”.

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ATENTADO TERRORISTA DE TROPAS DEL BATALLÓN PICHINCHA EN LA VEREDA ZUMBICO


EJERCITO NACIONAL ASESINÓ NIÑO INDÍGENA DE 10 AÑOS CON GRANADA DE MORTERO EN EL RESGUARDO DE JAMBALÓ CAUCA

El día 16 de septiembre de 2006 a las 11 y 36 minutos de la noche tropas del Batallón Pichincha adscritas a la Tercera Brigada, acantonadas en el casco urbano de Jambaló, lanzaron una granada de mortero dirigida a la vereda de Zumbico, donde nos encontrábamos reunidos más de 2.500 indígenas que celebrábamos el día de Amor y Amistad en un bingo programado por la Junta de Padres de Familia del Centro Educativo Zumbico, con la intención de recolectar fondos para atender las necesidades que no cubre el gobierno nacional.

La granada cayó a 40 metros del lugar donde nos encontrábamos concentrados, a 5 metros de la vivienda del indígena BAUTISTA YULE RIVERA y a 92 metros de la estación de gasolina. La explosión causó la muerte del niño de 10 años WILDER FABIÁN HURTADO y heridas graves al comunero BAUTISTA YULE RIVERA y contusiones a varios de los asistentes.

No es la primera vez que esto sucede. El día 9 de Junio una granada de mortero lanzada por las mismas tropas estalló causando graves heridas al Comunero ROBINSON ULLUNÉ en la vereda Moterredondo. En varias ocasiones adicionales, grandas de mortero han caído cerca de nuestras viviendas, causando grave impacto sicológico en nosotros y nuestros hijos e hijas. Ya estamos cansados de estas acciones de guerra, las cuales son resultado de la política de Seguridad Democrática implementada por el Gobierno Nacional en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, pretendiendo intimidarnos y desplazarnos fuera del territorio para dejar el campo abierto al gran capital.

Ante los hechos acontecidos, nos hemos declarado en Asamblea Permanente y convocamos a todos los resguardos del departamento del Cauca a una sesión del Tribunal Indígena que se realizará el día 19 de Septiembre en Jambaló para juzgar a los responsables de los hechos.

Invitamos a los organismos de control y entes defensores de derechos humanos a realizar las acciones que les correspondan para que los culpables sean castigados.

CABILDO INDÍGENA DE JAMBALO-CAUCA, SEPTIEMBRE 17 DE 2006
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ANTE LO SUCEDIO EN CABILDO INDÍGENA DE JAMBALÓ RESPONDE


EL CABILDO INDÍGENA DE JAMBALÓ

En uso de las facultades que le confiere el derecho mayor como máxima autoridad en el territorio indígena de Jambaló y


CONSIDERANDO


Que la fuerza pública asesinó la noche anterior al menor WILDER FABIÁN HURTADO con una granada de mortero.

Que en dicha acción resultó herido el comunero BAUTISTA YULE RIVERA, además de varios contusos.

Que el orden público en el territorio se encuentra alterado gravemente a raíz de los hechos acontecidos.

RESUELVE

1. Declarar el duelo en todo el territorio indígena de Jambaló.
2. Ordenar el cierre inmediato de todos los establecimientos que expenden bebidas embriagantes en el casco urbano y las veredas.
3. Convocar para el martes 19 de Septiembre a toda la comunidad de Jambaló y demás resguardos del Cauca a una audiencia pública del Tribunal Indígena para juzgar los hechos que han venido aconteciendo.
4. Declarar en alerta a toda la guardia indígena del resguardo y convocar de manera inmediata a la guardia, cabildantes y comunidad de la zona alta para que se hagan presentes en el casco urbano.
5. Declarar a partir del momento una Asamblea Permanente por el respeto a la vida y la autonomía de los pueblos indígenas.

Dado en Jambaló a los 17 días del mes de Septiembre de 2006.


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Servicio noticioso – Número 147 – septiembre 16 de 2006
Se cierra proceso judicial contra comuneros indígenas del Cauca
Equipo | Periódico El Turbión
“…Nuestra madre no es libre para la vida, lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad”
Firmes en el propósito de recuperar la madre tierra, los miembros de las comunidades indígenas, campesinas y negras del Cauca realizaron, entre octubre y noviembre del año anterior, una actividad reivindicativa, usando vías de hecho para ocupar la hacienda El Japio del municipio de Caloto al norte del departamento.
El anhelo por la Reforma Agraria y por el cumplimiento de viejos acuerdos que el Gobierno Nacional insiste en olvidar, retrazar o empapelar –tal vez, en espera de que se cumplan los términos del año fiscal o se apruebe la Ley de Desarrollo Rural, hechos que imposibilitarían mucho más que las comunidades reciban lo que les corresponde–, obligaron la realización de estas acciones por parte de las comunidades.
La conocida respuesta de las autoridades civiles y militares no se hizo esperar. Hubo ataques por parte de la fuerza pública y los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), enfrentamientos y cientos de personas heridas, detenidas, golpeadas y hasta toruradas o muertas, como en el caso del joven Belisario Camayo Gûetoto. Demostrando que poco o nada importan, para las autoridades del orden nacional y regional, los justos reclamos de la comunidad.
A pesar de que se logró, entonces, ratificar los acuerdos de adjudicación de tierras, el incumplimiento continúa hasta la fecha y, lo que es peor, algunos líderes de estas comunidades fueron vinculados a un proceso judicial bajo los cargos de invasión de tierras y daño en bien ajeno, ubicándolos en una lista que aumenta la estigmatización de la que son víctimas por reclamar sus derechos.
El miércoles anterior, 6 de septiembre, 17 líderes y comuneros indígenas, fueron llamados a rendir indagatoria en las instalaciones de la Fiscalía Local de Caloto, donde fue interpuesta la querella por parte de los propietarios del predio. Ante esta acción judicial, que afecta a las comunidades en general, hicieron presencia en el lugar representantes de diferentes organizaciones indígenas, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación Indígena del Cauca (AIC); de la población campesina, como la Asociación Nacional de Ususarios Campesinos (ANUC), y de las negritudes, así como defensores de derechos humanos y una veeduría internacional, quienes asistieron al lugar con el fin de apoyar a las personas señaladas y evitar que se cometiera una nueva injusticia.
Así, las comunidades y sus organizaciones se hicieron presentes ante la sede del ente acusador con la disposición de exigir respuestas concretas que permitieran aclarar la situación, toda vez que no existían pruebas de la culpabilidad de los sindicados. “Esas son las políticas de Estado que se vienen implementando no sólo en el Cauca sino en todo el país, hoy le toca a los compañeros indígenas afrontar este tipo de actos en contra de los líderes que luchan por mejorar las condiciones de vida de sus comunidades”, afirmó Guido Rivera, presidente de Fundecima, quien agregó que “…el Estado negocia con asesinos y narcotraficantes, como son los paramilitares, pero judicializa a la gente que lucha por un bienestar social”.
Las capturas masivas y la judicialización colectiva que por primera vez se da en este sector del Cauca, hacen parte del paquete de 'Seguridad Democrática' que tiene el actual gobierno para las comunidades. Según Edier Gruesso, miembro directivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Cauca (ANUC-UR), “a nivel nacional hay una política que quiere acabar con la movilización social y las comunidades están preparándose, desde ya, para salirle al paso a esta situación, a través de la movilización y reclamando el derecho a la libre expresión y a la libre protesta, como lo indica la Constitución Nacional”.
Y es que tras la justificación de la ley, que indica sanciones a quienes atenten contra la propiedad privada, está la necesidad de acallar las voces y apagar las luchas que perjudican los intereses de los terratenientes y los ricos del país. Según la abogada Soraya Gutiérrez, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es evidente que “este proceso va más dirigido a tratar de criminalizar, de judicializar los procesos de lucha y resistencia que han venido librando las comunidades indígenas y a tratar de utilizar el aparato de justicia a través de ese tipo de denuncias para limitar, impedir e inmovilizar sus acciones”.
Ante estas estrategias, las del pueblo también dan sus resultados. Es así como las más de 500 personas que se movilizaron pacíficamente, acompañando a los 17 comuneros indígenas hasta la puerta de la fiscalía, logró suavizar los ánimos de la parte denunciante y fortalecer un clima de conciliación. “Es importante el proceso de acompañamiento que han venido haciendo las comunidades. No se trata, solamente, de un tema entre personas y abogados y el aparato de justicia, sino que tiene que haber un acompañamiento de presión social, que eso sin duda alguna ayuda a que, en el futuro, no se siga limitando este proceso a través de la judicialización”, afirmó Gutiérrez tras la terminación de la diligencia que dejó como resultado la conciliación y el compromiso por parte de los indígenas de no volver a ocupar esos predios y por parte de la sociedad propietaria de la hacienda El Japio de retirar los cargos. La fiscal local de Caloto, Amparo Plaza Muñoz, confirmó que el caso queda cerrado y no continuará el proceso de judicialización que, entre otras cosas, no tenía suficiente material probatorio.
Pero los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional continúan y, muy seguramente, junto a ellos también lo harán las movilizaciones de las comunidades. Aparicio Ríos, consejero mayor del CRIC, dijo al respecto que “debe haber un entendimiento entre los dueños de las fincas y los pueblos indígenas: aquí hay una situación de incumplimiento por parte del gobierno con los acuerdos que se han hecho y estos incumplimientos llegan a generar situaciones de hecho, como las que se han presentado, entonces, hasta que el gobierno realmente no cumpla, yo creo que los pueblos indígenas se van a seguir moviendo”. Adicionalmente, señala que la vía del diálogo es la preferida para buscar solución a la problemática de las comunidades: “hay que seguir conversando y dialogando, no solamente con los dueños de predios sino también con las autoridades y con el alcalde de aquí de Caloto, creo que a través del diálogo, a través del entendimiento, podemos generar esta vía de proceso concertado”, dijo finalmente Ríos, quien ratificó la decisión de su pueblo de continuar en la lucha por recuperar la Madre Tierra.
Unidos por la madre tierra:
En este espacio de solidaridad y acompañamiento se pudo comprobar que son falsas las declaraciones de las autoridades y de algunos medios de comunicación, que afirman un supuesto enfrentamiento constante entre comunidades indígenas, negras y campesinas por el tema de la tierra. El Turbión dialogó con líderes de los sectores allí presentes y pudo constatar todo lo contrario.
En declaraciones de Eider Gruesso, miembro directivo de la ANUC-UR de Cauca, ofrecidas a este medio una vez terminada la diligencia judicial, nos precisaba que, a pesar de “lo que el Gobierno Departamental y algunos medios han informado, diciendo que los campesinos e indígenas estamos enfrentados”, la situación real no es ésta sino que “en la práctica, es cada vez más la unión de campesinos e indígenas y en ningún momento estaremos planteándonos como campesinos en contra de las luchas indígenas: sabemos que es la lucha por la tierra y la tierra es para los campesinos e indígenas”.
Por su parte, Elí Cuadros, coordinador de Uoafro, afirmó que “este día pasará a la historia porque los medios de comunicación dirán que la unión entre las comunidades indígenas y todos sus cabildos, y la Organización de Unidad de comunidades Afro a nivel del Cauca, ha servido para hacernos presentes y decir que aquí estamos, aunque el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y los gobiernos locales quieran desconocer la realidad de nuestros procesos, queremos decir, no solamente hoy, que seguiremos: no importa que intimiden a nuestros lideres”. Estas palabras quedaron más que demostradas en la presencia que hicieron comunidades campesinas y afrocolombianas para acompañar a los comuneros indígenas.
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