En las entrañas de una verdad inconclusa
[ 05/15/2007] [ Fuente: El Espectador ] [ Autor: Hollman Morris ]

El regreso de los muertos
Dolorosa crónica sobre macabros hallazgos en las fosas comunes que los paramilitares dejaron a su paso por el Putumayo.


"Los muertos contarán la historia", expresó exhausto el joven antropólogo después de exhumar algunos restos de personas en el lejano municipio de La Dorada, en la selva del Putumayo. Tras varios días de trabajo, como los demás miembros de la Comisión de Justicia y Paz de la Fiscalía desplazada al sur del país, el avezado profesional quedó estupefacto con el macabro descubrimiento. La muerte sólo dejó en la región el estigma de una espantosa guerra sucia.

A cargo del fiscal Juan Carlos Goyeneche, la comisión partió de Puerto Asís protegida por un grupo de policías y detectives. Junto a los miembros de la Fiscalía, una odontóloga, un antropólogo y dos biólogos bien armados. Luego de dos horas de viaje por una maltrecha carretera, al llegar al puente sobre el río Guamuez, la comisión se detuvo en un retén militar. El nerviosismo sacó de su mutismo a los viajeros. "Está oscureciendo y nosotros aquí", comentaban.

En su fuero interno, ninguno descartaba un ataque de la guerrilla, o de las Águilas Negras o de Los Rastrojos, que operan en la zona. El retraso implicó que se rompiera el sigilo de la operación. Unos a otros se preguntaban: ¿Por qué para estos casos no puede contarse con un helicóptero? Pasado el tiempo, el Ejército autorizó el acceso y la Comisión de Justicia y Paz siguió en su misión: buscar en las fosas los rastros de la verdad del paramilitarismo en el sur de Colombia.

Ya en La Dorada y en horas de la madrugada, comenzaron a repetirse los tropiezos. "Alcalde, préstenos unas palas", reclamó uno de los funcionarios judiciales cuando empezó la excavación. "¿Alguien tiene para la gasolina de los carros?", preguntó otro. Y la noticia del arribo de la comisión se regó como pólvora en el pequeño pueblo de escasos 6.000 habitantes. Por eso, en pocos minutos, Héctor Mayorga, detective adscrito a la Dijín, ya estaba comprometido con familiares de víctimas a regresar al casco urbano con respuestas.

Con una carpeta bajo el brazo y una decena de fotos con los retratos de las víctimas, Mayorga se encaminó con los demás al sitio conocido como "La Marranera". Una vez en el lugar, el antropólogo Jaime Castro empezó a dar las instrucciones para iniciar el trabajo. "Todos en hilera, pendientes de las deformaciones del terreno o donde cambia de color la vegetación. Si detectan estas modificaciones, me llaman". En pocas palabras, una especie de "operación rastrillo" para encontrar muertos.

Doce banderas

No pasaron muchos minutos cuando alguien llamó la atención sobre una ondulación del terreno y de inmediato se clavó el primer barrero, una varilla alargada con una especie de tenazas en el extremo. Con manos de cirujano, el antropólogo tomó una muestra de tierra, la olió, observó el color de la tierra y dijo: "Aquí puede haber restos". El topógrafo levantó un croquis, comenzó la excavación y rápidamente aparecieron unas botas y los restos de un hombre. A su lado, un cráneo sin esqueleto adyacente.

"No es uno, son varios cadáveres", señaló el antropólogo y luego empezó a dibujar en la tierra un cuadrado. En su perímetro, poco a poco fueron apareciendo más restos de hombres y a cada hallazgo un comentario técnico doloroso: "esta fractura de fémur fue con machete y se nota que fue un cuerpo desmembrado". Horas más tarde, un confeso joven paramilitar corroboró la tesis del antropólogo: "En esta guerra había que descuartizar a la gente viva". Un cráneo con dos orificios. "El disparo dejó el mentón pegado al pecho".

Así pasó la tarde calurosa y acompañada de una romería de personas, la mayoría mujeres, pendientes de noticias. "Estos son hilos de un collar de mujer", "Este es un antebrazo", y del hueso colgando un reloj que quedó marcando las cuatro de la mañana o de la tarde. La carta de identidad de un ecuatoriano, y ante cada resto el aporte de una entomóloga, es decir, de una bióloga experta en insectos; de una odontóloga examinando dientes intactos; de un fotógrafo captando retazos de prendas; y de policías y soldados que no se atrevieron a mirar.

Al final de la jornada, quedaron en la explanada doce banderas rojas que señalan doce fosas y que sumadas demuestran que aquello fue un campo de exterminio y después un cementerio clandestino. El antropólogo concluyó con un interrogante: "¿Sí ve?, los muertos cuentan sus historias". Y fueron cinco días más, y más de 20 cuerpos desenterrados. Después empezaron a llegar hombres y mujeres para contar lo que hasta entonces nunca habían dicho: "Un día llegaron los paramilitares que operaban en la Dorada y se llevaron a nuestros hijos".

Llegaban temerosos, con la cabeza gacha y hablando en voz baja, pero después de los hallazgos empezaron a recordar: "El Personero siempre nos dijo que si queríamos vivir no denunciáramos". En esas apareció una mujer llamada Nancy Galárraga, y de su mano su sobrina de seis años. Suspiró más de una vez, al final tomó fuerzas, y así explicó su caso: "Fue el 1º de enero de 2000. Con mis hermanas fuimos citadas a 'La Marranera' por el comandante Asprilla. Y el hombre me dijo que no me preocupara, que regresara y que las muchachas volvían más tarde. Nunca lo hicieron".

Desde ese primero de enero sigue esperando a Juliana, de 23 años; a Martha y Lucrecia, mellizas de 18, y a Susanita, de 13. Y desde ese día quedaron huérfanos tres niños. Todos en La Dorada recuerdan el caso de las hermanas Galárraga. "Eran muchachas muy alegres, salían los fines de semana a los ríos, a vender comida en los paseos". La madre estuvo al borde de la locura porque además de arrebatarle a sus hermanas, los paramilitares le quitaron la casa. Sin embargo, todos los días, durante el tiempo que aquellos se pasearon por el pueblo a la vista de todos, no dejó de preguntarles a los comandantes por la suerte de sus hijas.

El día de las excavaciones, medio pueblo estaba pendiente de las Galárraga. Pero no era la única expectativa. Un joven moreno que ayudó a echar pala como loco y andaba con la Policía, parecía el más ansioso. Era un confeso paramilitar que después fue señalando el sitio de nuevas fosas en la vereda El Placer. Cuando tomó confianza, fue develando crudos pasajes de horror. "Me llamo Róbinson y llegué al Putumayo reclutado en Buenaventura. Me prometieron sueldo de $700.000 y me dijeron que no tenía que matar sino cuidar laboratorios, pero todo fue engaño. Lo descubrí rápidamente".

A su amigo

El confeso paramilitar tomó un segundo aire y agregó: "Un día los comandantes llegaron al pueblo con varios civiles amarrados y, de repente, uno de ellos dio una orden perentoria: Los nuevos salgan de la fila y fórmense. Y delante de ellos, el comandante alias Maluco agarró del cabello a uno de los civiles y delante de todos le clavó el cuchillo en la garganta. Luego dijo sonriente: 'Esto se hace para que no puedan gritar'. Y luego explicó sin inmutarse que había que tener cuidado con no cortar la yugular, porque la idea era que sufrieran".

"Algunos paracos alcanzaron a desmayarse, pero durante los cuatro años que estuve con los paramilitares, descuarticé a nueve personas". Una de ellas fue a su propio "lanza", es decir, a su mejor amigo. El muchacho contó que tuvo que hacerlo porque quiso desertar del grupo. Entonces lo obligaron a descuartizarlo vivo. El espontáneo narrador hizo silencio, clavó su mirada en el piso, y confesó con amargura: "Me dieron ganas de vomitar, pero tuve que sacarle los órganos, porque si no, me mataban".

Todos quedaron estupefactos. Y el muchacho habló de nuevo: "Había otro comandante a quien llamábamos Muela Rica, porque obligaba a sus víctimas a comer carne humana. Hasta a nosotros nos decía que había que aprender para que no muriéramos de hambre. Cogía los lados más gordos del cuerpo —y señaló su antebrazo y las nalgas— y los cortaba con cuchillo, los echaba a una paila llena de aceite y, a punta de pistola en la cabeza, obligaba a la gente a comer. Después decía que había que beber sangre para saciar la sed de matar".

Después el muchacho se aburrió de recordar y antes de partir con los policías que lo custodiaban, reconoció que quería pedirles perdón a sus víctimas, pero no sabía cómo mirarlas a la cara. Hoy sabe que en cualquier momento lo pueden matar, que algunos de sus antiguos compañeros lo buscan para asesinarlo. Tuvo educación, alcanzó a estudiar un semestre de sistemas, es hijo de una profesora de español, pero un día se dejó arrastrar por el ciclón de la violencia. Ahora, lejos de sus andanzas y en espera de pronta justicia, asombra a todos y concluye: "Yo lo que quiero es estudiar criminalística y ciencias forenses".

Termina su relato y otro confeso paramilitar empieza el suyo: "Un día íbamos por el río San Miguel y observamos a unos guerrilleros en El Afilador. A los pocos días, el comando Cali ordenó sacar a toda la gente de El Afilador a la cancha. Parecía un allanamiento. Entramos tumbando puertas, sacamos a la gente y a todos los hicimos arrodillar. Las mujeres gritaban, los hombres guardaban silencio. Los asesinamos a todos, entre ellos a 15 mujeres. Un comandante mató a dos niños que lloraban la muerte de su madre".

El Tigre

Días después, la Comisión de Justicia y Paz regresó al Putumayo. Esta vez a la vereda El Tigre, del municipio de La Hormiga. Desenterraron 20 cuerpos. En medio de los trabajos, apareció la guerrilla y hostigó a los militares que vigilaban la entrada al Valle del Guamuez, a escasos kilómetros del sitio de los hallazgos. Cuando sonaron los disparos, hasta el antropólogo, el fotógrafo y el topógrafo desenfundaron sus armas. El hostigamiento duró apenas 10 minutos, pero continuó el trabajo.

Con demasiado silencio porque los campesinos de la zona prácticamente vivieron secuestrados durante los últimos cuatro años. Sin embargo, en medio de la desolación colectiva, un muchacho identificó el cadáver de su padre, un ex policía. Y en medio de la tragedia volvió a surgir el enigma de las hermanas Galárraga. Entonces alguien dijo que el comandante Asprilla sabe el sitio donde están enterradas. No obstante, hasta hoy no se han podido ubicar. Tampoco a Asprilla, de quien se sabe que ahora comanda a un grupo de sicarios en el Valle.

"Como él, hay muchos que siguen libres", comenta Róbinson. Y añade: "Es que es difícil cambiar la vida de un día para otro". Luego admite que estuvo en diferentes albergues por problemas de drogadicción. ¿Cuántos como él pueden seguir en la calle?, pregunta uno de los funcionarios judiciales en la ruta de regreso a Puerto Asís y después a Bogotá. Nadie lo sabe. La mayoría del país desconoce también que en apenas cinco años, en el Putumayo murieron masacrados centenares de colombianos anónimos que apenas ahora cuentan sus historias desde sus despojos .

Recuerdo amargo de una masacre

En la noche del 9 de enero de 1999 un grupo de paramilitares entró a sangre y fuego a la inspección de policía de El Tigre, jurisdicción de La Hormiga (Putumayo), y ordenó al administrador de la planta eléctrica a pagar la luz. A partir de ese momento fue el horror. Los 30 'paras' fueron sacando violentamente a sus víctimas de las casas, fusilando a unas en la calle y a otras degollándolas para luego echarlas a las aguas sobre el río Guamuez. El resultado de esa absurda locura de los asesinos fue 26 civiles muerte y 14 desaparecidos. No contentos con la masacre, se acercaron a una bomba de gasolina para incendiarla y de paso quemar el pueblo. No pudieron, pero en la memoria colectiva quedó grabado ese día de horror y muerte.

Paramilitarismo/Apoyo militar a las AUC, vieja denuncia sin oídos

Apoyo militar a las AUC, vieja denuncia sin oídos

A las víctimas no las sorprendió la afirmación de Mancuso de que tres generales del Ejército participaron en la expansión del paramilitarismo en el país. ¿Por qué? Análisis.
Por Juan Diego Restrepo E.

Fecha: 05/15/2007 -
Los detalles narrados por el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso sobre los generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez Quintero y Martín Orlando Carreño Sandoval, y sus aportes a la expansión del proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la región de Urabá, Córdoba y Chocó son viejas denuncias que en su momento no tuvieron oídos. Por eso, a las víctimas que estaban este martes en la Fiscalía las revelaciones del desmolizado no las sorprendió. Por el contrario, ellos -aseguraron- sabían bien esas páginas de la historia.

Mancuso expuso cómo Del Río y Carreño Sandoval participaron de manera directa en la expansión y consolidación de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por Carlos Castaño, cuando se desempeñaron, respectivamente, como comandantes de las brigadas XVII, asentada en Carepa, y la XI, con sede en Montería.

Si bien todas las denuncias de la época eran rechazadas por los gremios empresariales, los mismos militares y funcionarios de Estado de alto nivel, la fuerza de la prueba llevó al juez Pedro Díaz a proferir en una orden de captura que se hizo efectiva el 21 de julio de 2001.

La detención se basó en las pruebas acopiadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tras tres años de investigación al general Del Río por su participación en el asesinato y desaparición de más de 1.200 personas durante los años 1996 y 1997, cuando se desempeñó como comandante de la Brigada XVII. No obstante, fue ex carcelado el 6 de agosto del 2001 y el 9 de marzo de 2004 el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, precluyó la investigación.

Quien pasó de bajo perfil fue el general Orlando Carreño Sandoval. Sobre su paso por la Brigada XI no existen investigaciones en sus nexos con el paramilitarismo, así como tampoco cuando reemplazó a finales de 1997 a Rito Alejo del Río en la Brigada XVII. Su paso por la Fuerzas Armadas lo llevó a ser Comandante del Ejército Nacional, cargo al que llegó en noviembre de 2003 y del cual salió a finales del 2005. Hoy aspira a ser gobernador de Santander.

Sin oídos

Uno de los documentos más detallados que complementa lo afirmado por Mancuso es el texto Pasión y muerte de un informante, del sacerdote jesuita Javier Giraldo, citado además en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia adelantado por el senador Gustavo Petro el 17 de abril pasado.

El prelado hizo un recuento del proceso y posterior muerte del soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, asesinado el 2 de abril de 2005 en Yarumal, Antioquia, por describir las relaciones entre los militares de diversas guarniciones en Antioquia y las Auc.

De acuerdo con sus declaraciones, “el General Rito Alejo Del Río llegó a Mutatá rodeado de paramilitares para enfrentar los combates con la guerrilla en La Llorona y de allí se comunicaba con el “Mono Mancuso”, líder paramilitar. La oficina de dicho General era frecuentada por paramilitares que iban allí a planear muchas cosas. Los paramilitares entraban sin problema a la Brigada XVII donde el General Del Río les daba confianza; dicho General más bien le temía a los soldados regulares, pues pensaba que la guerrilla podía infiltrarlos para matarlo”.

En una segunda declaración ante la Procuraduría, realizada el 23 de febrero de 1999, Giraldo Yepes dio más detalles contra Rito Alejo Del Río: “El General Del Río era el que daba las órdenes a los comandantes de batallón y sus directrices eran trabajar con los paramilitares y hacer “legalizaciones”.

Él mismo era escoltado por paramilitares y a la Brigada entraban los principales líderes de éstos, como Mario Pragas, Mancuso, “Negro Fino”, “Jota Jota”, “Cero Cero”, “La Zorra”. Afirma que el General les decía que el apoyo a los paramilitares por parte del Ejército debía ser “A-1” (o sea de máxima prioridad)”.

Giraldo Yepes también señaló al entonces coronel Martín Orlando Carreño Sandoval, en esa época comandante de la Brigada XI, con sede en Montería, y luego de la XVII, de Carepa. “Él también apoya a los paramilitares. Los líderes paramilitares de Valencia y Tierralta iban a la Brigada a ofrecer trabajo para los soldados y el General Carreño le pedía al Mayor que escogiera los mejores”, aseveró el soldado.

Pero la de Giraldo Yepes no fue la única voz que se escuchó en contra de los dos generales comprometidos en las declaraciones de Salvatore Mancuso. En el informe de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conceptuó que “en virtud del alto nivel de interacción entre las fuerzas paramilitares y las tropas del Ejército dentro de su jurisdicción, la Comisión considera que, salvo que se esté tratando de una palpable inefectividad y falta de control sobre sus tropas, es claro que el General Rito Alejo del Río debía tener conocimiento (...) de la presencia de los paramilitares en el área y de la cooperación entre sus hombres y aquellos grupos”.

“A pesar de las múltiples quejas acerca de la colaboración entre el Ejército y los paramilitares en la jurisdicción de la XVII Brigada y la evidente seriedad de la situación, el Ejército nunca investigó la conducta del General Rito Alejo del Río en este aspecto. De hecho, el Ministerio de Defensa recientemente transfirió al General a una importante posición: Comandante de la XIII Brigada, una unidad militar que incluye a Bogotá bajo su jurisdicción. Es más, la propaganda oficial del Comando General del Ejército hace una referencia favorable de 1997 como el año de la "pacificación" de la región de Urabá”, indició la Comisión.

La Comisión hizo notar que en casos de actividades conjuntas entre paramilitares y militares, en especial aquellas operaciones que se llevan a cabo con el conocimiento de los superiores, los miembros de los grupos paramilitares actúan como agentes estatales. “Por ello, la Comisión está obligada, por lo tanto, a juzgar de acuerdo con la normatividad sobre los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, y advierte que las violaciones que estos cometan se toman por violaciones del Estado colombiano”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también hizo algunas referencias en sus informes sobre derechos humanos. En el documento correspondiente a 1998, el Departamento de Estado advirtió: “Los comandantes militares locales y los grupos paramilitares llegaron a acuerdos tácitos en algunas regiones, y los grupos paramilitares operaron libremente en algunas zonas que se encontraban bajo control militar. Las autoridades asignaron dos oficiales de alto rango quienes tienen vínculos con los grupos paramilitares a posiciones de alto liderazgo, entre ellos el Brigadier General Rito Alejo del Río Rojas”.

Otro informe de la época, llamado Guerra sin cuartel: Colombia y el derecho internacional humanitario, divulgado en 1998 por la organización no gubernamental norteamericana Human Rights Watch (HRW), da cuenta de las relaciones de Rito Alejo Del Río con los grupos paramilitares de la región de Urabá a partir de las declaraciones del coronel Carlos Alfonso Velásquez, jefe de estado mayor a las órdenes del general Del Río en la Brigada XVII y altamente condecorado por su persecución de los miembros del cartel de la droga de Cali, quien “informó a sus superiores de que su oficial superior apoyaba a los paramilitares en Urabá”.

“Como mínimo, no existe en el Señor Brigadier General Comandante de la Décimo Séptima Brigada un convencimiento de que la Delincuencia Organizada (llamados por la gente de la región Paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá,” informó Velásquez a sus superiores, según HRW.

A raíz de sus denuncias, conocidas por el entonces general Iván Ramírez, comandante de la Primer División del Ejército, Velásquez fue investigado y relevado de sus tareas diarias de jefe de estado mayor y, finalmente, retirado del Ejército el 11 de enero de 1997 con el argumento de haber cometido actos “contra la subordinación, contra el servicio y el compañerismo”.

Hoy, con los señalamientos de Salvatore Mancuso ante los jueces de Justicia y Paz, el general Rito Alejo Del Río recobra su protagonismo en la expansión del paramilitarismo en Antioquia, Chocó y Córdoba, y reviven las denuncias del pasado que, en su momento, no tuvieron oídos que escucharan.

*El autor de este artículo es miembro de la Agencia de Prensa IPC de Medellín, organismo que le ha hecho un detallado seguimiento a los procesos de violencia en Colombia.

Publicado en www.semana.com

Paramilitarismo/Ex jefe de las AUC también acusa a dos de los funcionarios más importantes del círculo del Presidente Uribe

Ex jefe de las AUC también acusa a dos de los funcionarios más importantes del círculo del Presidente Uribe

Salvatore Mancuso aseguró que el Vicepresidente de la República, Francisco Santos, le pidió crear un grupo de paramilitares en Bogotá; y que el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le propuso a Carlos Castaño un acuerdo para derrocar de la presidencia a Ernesto Samper Pizano.

Fecha: 05/15/2007 -
Eran más de las tres de la tarde y los asistentes a la diligencia de versión libre del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso seguían esperando las prometidas revelaciones sobre los nexos de la clase política colombiana con las autodefensas. El edificio del Palacio de Justicia, en el complejo urbanístico del sector de La Alpujarra, en Medellín, acogía a decenas de víctimas y periodistas nacionales y extranjeros.

Ya durante la mañana sus revelaciones habían sido escandalosas. Mancuso confesó que fue entrenado por militares y que se asoció con varios ex comandantes de las Fuerzas Militares para cometer sus delitos (Ver artículo: ‘Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo’). En la tarde, su testimonio prometía ser sobre la clase dirigente. Lo que muchos creían es que volverían a hacer un repaso de su fuerte influencia en las regiones. Sin embargo, cambió de tercio y entró de lleno al círculo de poder del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Dijo que en 1997 el hoy ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue a buscar a Carlos Castaño para pedirle respaldo para un acuerdo que pretendía derrocar de la Presidencia al entonces Jefe de Estado Ernesto Samper Pizano. Según Mancuso, el hecho ocurrió el primer día en que él tuvo contacto directo con Santos. “Llegó hasta donde estábamos con Castaño usando unas coordenadas que le habíamos dado para que se desplazara hasta el sitio Guadual, en el municipio de Valencia, Córdoba. Castaño me dijo que Santos había pedido la cita. Preguntó qué tan comprometido estaba Samper con los narcos y Castaño le respondió que tenía pruebas. Santos le dijo a Castaño que estaba haciendo una jugada política arriesgada y que venía en nombre de otros a hacerle una propuesta. Que la idea era un acuerdo en el que estuvieran las FARC y las autodefensas, que ese acuerdo terminara en una Constituyente y que luego le pedirían a Samper que se retirara del gobierno”.


Un golpe de Estado

Según el relato de Mancuso, Castaño le respondió a Santos que lo pensaría. “Se dio la vuelta y me dijo: Imagínate lo que me está proponiendo, un golpe de Estado”. Al decir del ex jefe paramilitar, Castaño creía que ese tipo de acuerdo sería una forma interesante de hacerse al estatus político que por esa época comenzaban a reclamar las autodefensas.

Mancuso le dijo al fiscal delegado de la Unidad de Justicia y Paz que esa no fue la única cita en la que estuvo con Santos. La segunda, según el testimonio del ex jefe paramilitar, ocurrió por la misma época en el sitio conocido como “El 21”, en el municipio de San Pedro de Urabá. A ella habrían asistido, además, el ex ministro Álvaro Leyva, el dirigente Hernán Gómez, el periodista Germán Santamaría, el esmeraldero Víctor Carranza, Carlos castaño y Mancuso. En esa cita, “Santos se volvió a referir al golpe de Estado contra Samper y dijo que se acordaría un comunicado conjunto con las FARC declarando el cese de hostilidades. El gobierno de Samper se enteró y ahí fue cuando salió la denominación de los “conspiretos”.

La versión de Mancuso coincide con el relato que el extinto jefe de las autodefensas Carlos Castaño hizo en el libro ‘Mi confesión’. Tiene, eso sí, la intención de descalificar a Santos para demostrar que la penetración de las autodefensas llegó hasta todos los sectores políticos y para neutralizar cualquier acción del ministro en contra de las Autodefensas. Pero no es una versión nueva.

En junio de 1997, tras la liberación de los soldados secuestrados por las FARC en Las Delicias, Caquetá, el grupo guerrillero le pidió a Samper la desmilitarización de cuatro municipios para crear una zona de distensión con el fin de iniciar un proceso de paz. Días después Santos se reunió con los capos de las autodefensas para proponerles el acuerdo político que derivaría en una Asamblea Constituyente, pero la idea se filtró y fue ventilada públicamente por el ex comisionado de paz de Samper, José Noé Ríos, quien acusó a Santos de conspirador.

Esa misma versión fue revivida por los medios de comunicación nacionales hace algunas semanas, tras la divulgación del acuerdo de Ralito y luego de que el presidente Álvaro Uribe señalara que a diferencia del pasado, este gobierno no ha hecho acuerdos con ilegales.

Los dardos contra el Vice

Al Vicepresidente de la República., Francisco Santos también le cayó otro baldado de agua sucia de los que Mancuso lanzó en su versión Libre. El ex jefe paramilitar aseguró que Santos, primo del ministro de Defensa, también se reunió varis veces con los jefes de autodefensas y que “me sorprendí porque lo noté identificado con la causa” y porque “le dijo a Castaño que le gustaba el modelo (de autodefensas) de Córdoba y que le gustaría que se repitiera en Bogotá”. En una de esas reuniones, continuó Mancuso, “Castaño le propuso a Santos que comandara el Bloque Capital, pero este se negó diciendo que no sabía de esas vainas”. El desmovilizado jefe de autodefensas asegura que una semana después se reunió en Bogotá con algunos periodistas de El Tiempo y que luego Santos escribió una columna titulada “Proyecto contrainsurgente” en donde hacía alusión a la estrategia de las AUC.

Hace algunos días, y ante el anuncio de que Mancuso salpicaría a los políticos que se reunieron con él, el Vicepresidente se anticipó al desmovilizado y aseguró que sostuvo varias reuniones no solo con grupos de autodefensas sino con guerrilleros, en cumplimiento de su trabajo al frente de la Fundación País Libre, que trabaja en defensa de los secuestrados. Además, agregó que no tiene rabo de paja y que el país conoce de su trayectoria de denuncia constante contra todo tipo de actores armados.

Políticos salpicados

Mancuso revivió la discusión sobre algunos de los políticos vinculados con la ‘parapolítica’, pero también involucró a otros que no han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia. El caso más relevante en este segundo grupo es el del senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe, con quien dijo haberse reunido “una o dos veces”. En la primera de esas citas estuvo presente la ex congresista Eleonora Pineda, hoy presa y acusada por la Fiscalía de concierto para delinquir tras su vinculación al escándalo por la firma del “Acuerdo de Ralito” con Mancuso, Don Berna, Jorge 40 y Diego Vecino.

En la cita, al decir de Mancuso, hablaron sobre “un pacto político para apoyarla a ella y para apoyarlo a él en algunos municipios del Alto San Jorge y Ayapel”. Uribe es el presidente del Partido Colombia Democrática, uno de los más golpeados por el escándalo, dado que parte de sus congresistas y líderes políticos están presos, entre ellos los senadores Álvaro García y Miguel de la Espriella y la ex representante Pineda.

En el caso de la política de Córdoba dijo que las AUC se reunieron con casi todos los dirigentes políticos y mencionó en concreto a Miguel de la Espriella (a quien se refirió como “uno de nuestros congresistas”), Reginaldo Montes, Salomón Náder y hasta Juan Manuel López, a quien reconoció que por épocas no recibió apoyo paramilitar porque pretendía “usar a las autodefensas”. Fue por esta razón que en las elecciones de gobernador de 2003 Mancuso le dio el aval al candidato del llamado “sindicato” (Julio Manssur, Zulema Jattin, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y Eleonora Pineda), en vez de dárselo al de López.

La diligencia continuará este miércoles y se espera que Mancuso revele, tal como lo anunció en días pasados, nombres de más políticos comprometidos con su accionar y también de quiénes eran los empresarios que financiaban a las autodefensas.

Publicado en www.semana.com

En los últimos días han pasado demasiadas cosas en Colomba: El justo reclamo de los Estudiantes de la Universidad Nacional en contra del Plan Nacional de Desarrollo; las declaraciones de Salvatore Mancuso, en donde menciona a varios generales del ejército nacional, así como a los primos Juan Manuel y Francisco Santos de haberse reunido con él y planear el traslado del proyecto paramilitar a la ciudad de Bogotá: La presencia de los grupos paramilitares y la violencia que no cesa en la Comunidad de Paz de san José Apartado; La ubicación de fosas comunes con los restos de más cien persona´s, víctimas de los grupos paramilitares en el departamento de Putumayo.

En Colombia Inédita hacemos un esfuerzo por resumir todo esta carga noticiosa; A veces la velocidad de losdescubrimientos nos rebasan, y sin embargo queremos hacer aquí un resumen noticioso de todo lo que ha pasado y sigue pasando.
Trataremos de dividir las noticias en las siguientes categorías, para no porvocar confusión en los elctores: Conflicto en Universidad Nacional y paramilitarismo.

LO que nos sigue pareciendo una verdadera aberración es que on todo lo que sucede al país, nuestro presidente Álvaro Uribe siga manteniendo una popularidad que raya en el absurdo: 75% de aprobación según una encuesta difundida hace apenas unos aías por el semanario Semana. No sabemos bien sí el mundo esta loco, o nuestars encuestas están bien realizadas, pero lo cierto es que Uribe- hitler sigue siendo el presidenete m´s "popular" en toda latinoamerica. Vaya con él.

Declaración Pública

Declaración Pública

GENERALICEMOS LA JUSTA PROTESTA UNIVERSITARIA
1. En las universidades del Cauca, Surcolombiana, de Pamplona, Industrial de Santander, de Caldas, del Quindío, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la ESAP, así como en las seccionales de Palmira y Manizales de la Universidad Nacional , sumado a la continuidad de la valerosa resistencia en la Universidad del Atlántico, el movimiento universitario ha tomado un auge extraordinario. En Bogotá, con la presencia combativa y multitudinaria en las calles de los universitarios de la Nacional, la Distrital y la Pedagógica Nacional, hecho sin precedentes en los últimos años que no ha podido ser silenciado por los medios de comunicación, confrontando las nefastas implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo en materia de educación superior, se configura un interesante panorama de levantamiento, de mayor amplitud, contra las pretensiones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de profundizar su política de liquidación de la universidad pública.
2. Entre las banderas del movimiento, expresadas en la Plataforma y el Pliego multiestamentario, ha cobrado una relevancia especial la confrontación del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, que contiene graves amenazas contra la estabilidad financiera de las universidades públicas y la calidad académica de la educación superior en su conjunto. Los Artículos que se refieren al cubrimiento de los pasivos pensionales, implican llevar a todas las universidades a correr la misma suerte de la Universidad del Atlántico, es decir a su liquidación como universidad pública; los relacionados con el manejo de los indicadores de gestión, reeditan el inconstitucional Decreto 3545 de 2004; el impuesto a los egresados es un absurdo mecanismo para evadir la responsabilidad financiera del Estado; la formación por competencias laborales y ciudadanas, apunta a convertir la educación superior en una simple fábrica de profesionales y al control confesional mediante los lemas del ciudadano del año 2019; la manipulación de los ECAES, se orienta a estandarizar los programas de formación, controlando su contenido, en aras a la mercantilización de la educación superior en el contexto del TLC.
3. No podemos en ningún momento bajar la guardia frente a la pavorosa crisis humanitaria en los claustros universitarios y es necesario hacer las denuncias correspondientes ante todos los escenarios nacionales e internacionales, así como reclamar las garantías plenas para el ejercicio de los derechos de organización y movilización.
4. Por todo lo anterior hemos decidido consignar las reivindicaciones del momento en el siguiente Pliego Nacional Universitario:
Derecho a la educación pública y su financiación estatal.
· Exigimos la exclusión de los artículos 34 y 38 del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, por vía de la objeción presidencial.
· Exigimos el incremento del presupuesto de las Universidades Públicas según lo pactado en la Ley 30 en el artículo 86.
· Exigimos que el ministerio de hacienda asuma el pago del pasivo pensional de las universidades públicas.
· Exigimos la exclusión de lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 sobre la imposición de la contribución de los egresados de las universidades públicas como mecanismo de financiación.
Autonomía universitaria.
· Exigimos la derogatoria y no aplicación del decreto 2566 de 2003.
· Exigimos la ampliación de la planta docente de las universidades.
· Exigimos la eliminación de los ECAES y la no implementación de los estándares de competencias.
Democracia y gobierno universitario
· Exigimos la elección democrática de los órganos colegiados y de los rectores en las universidades.
· Exigimos la apertura de una mesa nacional de negociación sobre la educación superior pública en Colombia con la participación del ejecutivo, el legislativo y los distintos estamentos de la comunidad universitaria.
Crisis humanitaria.
· Exigimos el respeto por los derechos humanos y las garantías para la organización y la movilización de los estamentos universitarios.
· Exigimos la apertura de una mesa dedicada al tema de los derechos humanos en las universidades colombianas.
5. Es necesario generalizar la protesta en todas las universidades, a partir del 17 de mayo, con la realización de asambleas permanentes, para respaldar el Pliego Nacional Universitario. Asimismo participar con decisión en el Paro Nacional del 23 de mayo, convocado por todas las fuerzas sociales y políticas del país, organizando la toma de las calles.
6. Promovamos y fortalezcamos los frentes por la defensa de la educación publica y contra el acto legislativo 01 de 2006, en las diversas regiones.
7. Convocamos un Encuentro Nacional Estudiantil de Emergencia , el día 26 de mayo y un Encuentro Nacional Multiestamentario el día 27 de mayo, en Bogotá.

Coordinación Multiestamentaria Nacional
Bogotá, mayo 14 de 2007

Mancuso revela que actuó ilegalmente con los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez

Salvatore Mancuso revela que actuó ilegalmente con los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez

Por primera vez, uno de los hombres sindicados de crímenes de lesa humanidad da nombres de oficiales vivos. El desmovilizado líder de las AUC aseguró ante la Fiscalía que los tres altos oficiales del Ejército fueron vitales para la expansión de su organización. Además señaló que el senador Miguel de la Espriella “era uno de nuestros congresistas”.
Fecha: 05/15/2007 -
El desmovilizado líder paramilitar Salvatore Mancuso hizo dos revelaciones trascendentales durante este martes en el marco de la segunda parte de la versión libre ante la Fiscalía en Medellín. En primer término hizo un diagnóstico conceptual de la razón de ser de estas organizaciones criminales de extrema derecha. Estas surgieron, según él, porque en Colombia hay un “paramilitarismo de Estado”. Entonces tomó ejemplos de los manuales de instrucción del Ejército Nacional para concluir que no sólo él, sino este fenómeno armado, provenían de ahí.

Luego saltó al terreno de los hechos y contó con quiénes trabó una unión para conseguir sus objetivos. Entre estos, soltó tres nombres de generales de la República que han ocupado puestos clave en la cúpula de la institución. Son ellos los generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez y Martín Orlando Carreño.

Sus revelaciones fueron bien recibidas por un auditorio integrado por víctimas del conflicto y que minutos antes –cuando llegó a la sede donde iba a rendir su declaración, fuertemente escoltado y con un chaleco antibalas– le habían gritado: “Asesino, asesino, asesino”. Según las familias de las víctimas del paramilitarismo presentes en la versión libre, éste ahora sí comenzó a revelar lo que había prometido durante la semana pasada.

En esta ocasión, Mancuso suministró detalles inéditos. Después de entregar una documentación ante el Fiscal delegado de Justicia y Paz –incluyendo su carné que lo acreditaba como boy scout cuando era niño–, comenzó con una frase contundente y que tal vez podría resumir lo dicho durante la mañana: “Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia”.

El jefe paramilitar desmovilizado, Salvatore Mancuso, llegó esta mañana a rendir su versión libre ante el fiscal 8 de Justicia y Paz, en Medellín. El senador Miguel de la Espriella, quien se entregó ayer a la justicia por el escándalo de la parapolítica.
A partir de esa frase comenzó a explicar cómo desde la década de los 60 y hasta los 90 todos los manuales de contraguerrilla del Ejército Nacional justificaban e invocaban el pensamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así relató, cronológicamente, los nombres de algunos comandantes del Ejército que en todo este tiempo propugnaron las AUC. Por ejemplo, mencionó nombres como el de Harold Bedoya cuando era comandante general de la segunda división del Ejército en 1993, con sede en Bucaramanga, o el del comandante del Ejército en 1973, Luis Carlos Camacho Leyva, o del comandante Orlando Zafra en 1985 y el de Fernando Landazábal Reyes en 1988, y también el del comandante Luis Arcesio Bohórquez en 1989. De todos ellos, aseguró ante la Fiscalía, hicieron doctrina paramilitar y los cita textualmente.

“La defensa nacional no es sólo responsabilidad del Ejército”, sentenció en una cita textual del comandante del Ejército en 1973, Luis Carlos Camacho Leyva. En otras palabras, Mancuso dijo que se empezó a enrolar en los paramilitares como “cooperante”.
Luego dijo que en la medida que el proceso fue adquiriendo una dinámica mayor tuvo que pasar a las acciones. Entonces habló de tres reuniones con los generales del Ejército Iván Ramírez Quintero y con Rito Alejo del Río, en las que se planeó la expansión paramilitar por el norte de Colombia.

Aseguró que el general Rito Alejo les indicaba a los escuadrones paramilitares qué terrenos podían tomar y cuáles zonas estaban libres de peligro para concentrar a los hombres reclutados.

Su versión coincide con varias organizaciones de derechos humanos que han señalado al general del Río como uno de los oficiales que ha violado los derechos humanos desde la institución. El Cinep dice que el general (hoy retirado) Rito Alejo del Río Rojas ocupó el cargo de comandante de la brigada 17 del Ejército con sede en Carepa, Antioquia, desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997.

“En tal período fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra las comunidades más vulnerables de la zona cuya responsabilidad, al menos por omisión, se atribuyó a sus tropas, las cuales fueron vistas habitualmente actuando en unidad de acción con las más reconocidas estructuras paramilitares. Muchos miles de campesinos, negros e indígenas fueron desplazados violentamente de sus aldeas y el paramilitarismo tomó el dominio completo de la región. Pero el general del Río no llegó a Urabá sin antecedentes inquietantes que fueron configurando una trayectoria y un perfil fuertemente contrarios a lo que la ética y el derecho demandan de la milicia. Una serie de acusaciones han quedado registradas en numerosos expedientes judiciales y disciplinarios, que si bien la justicia colombiana con sus arraigados métodos de impunidad que la caracterizan ha dejado sin investigar ni sancionar, llegando incluso el Fiscal General de la Nación a precluir el proceso contra él (9 de marzo de 2004), sus sustentos probatorios ineludibles llevan a definir el perfil de este general como uno de los más tozudos impulsores y gestores del paramilitarismo en Colombia y lo hacen responsable de numerosos crímenes de derecho internacional”.

Precisamente, el senador Gustavo Petro ha insistido en que el presidente Álvaro Uribe Vélez le debe una explicación al país de por qué le ofreció un homenaje de desagravio al general del Río cuando precisamente la embajada de Estados Unidos había anunciado el retiro de su visa y las organizaciones de derechos humanos de ese país publicaban detallados informes de su accionar. Incluso Mancuso contó que entre 1996 y 1997 se reunió con el general Rito Alejo en la finca 'La 21', en San Pedro de Urabá.

Aseguró que allí estuvieron Carlos Castaño (jefe de las AUC ya muerto), y Freddy Rendón, alias 'El Alemán', y que el tema que trataron fue la expansión paramilitar en Urabá. Según Mancuso, este oficial iba en un helicóptero civil, pero él llevaba su uniforme militar. Esta es la primera vez que un ex jefe ‘para’ se refiere al general Del Río.

Luego Salvatore Mancuso señaló al general Martín Orlando Carreño y explicó que cuando estaba en la Brigada 17 enviaba a sus soldados a patrullar en compañía de los comandos paramilitares. “Yo era uno más dentro de esa Brigada”. En otras palabras, Mancuso, dijo que él era un soldado raso al servicio de las decisiones de Carreño, quien con el paso del tiempo fue ascendiendo en su carrera hasta ocupar la comandancia del Ejército.

Mancuso reveló que sus hombres patrullaron con el general Martín Orlando Carreño y que a través de un general de la Brigada 11, al que identificó como Iván Ramírez, conoció al también general Alfonso Manosalva (fallecido) con quien se reunió al menos 10 veces. El general Ramírez comandante de la XI Brigada en Montería y luego llegó a ser jefe de inteligencia del Ejército. De él también las organizaciones de derechos humanos han hecho varios reportes donde lo sindican de varios delitos.

Como se recordará, a Manosalva el ex líder paramilitar ya lo había señalado en anteriores versiones como uno de sus colaboradores en la matanza de El Aro (Antioquia).

Pero las revelaciones de Mancuso no pararon ahí. Contó el episodio con el magistrado Rodrigo Escobar de quien dice acudió a Mancuso por el caso de su novia (no dio el nombre). Quería saber qué había pasado con ella, si aún la tenían retenida o la habían matado. Cuenta que el magistrado “buscó a uno de nuestros congresistas”, a Miguel de la Espriella, para preguntarle eso. Entonces Mancuso llamó a ‘Jorge 40’ y éste le dijo que estaba muerta porque según una información ella manejaba parte de las finanzas de la guerrilla.

Al filo del mediodía, Mancuso terminó diciendo: “El paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrilla o no sea”. Dando así pistas de lo que puede venir en las próximas horas.

¿Ley de leyes?

¿Ley de leyes?



Leopoldo Múnera Ruiz
Profesor Asociado
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia

1. Lo Político (Breve recuento)


La aprobación del artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 por el Congreso de la República, implica en lo esencial un problema de política social y de concepción del Estado[1]. La concurrencia de las universidades del orden nacional al saneamiento del pasivo pensional sólo podría hacerse por uno de dos mecanismos presupuestales o financieros: asignando recursos propios o destinando una parte de los aportes de la Nación para tal efecto. En cualquiera de las dos eventualidades, el presupuesto de las universidades se vería seriamente afectado y su viabilidad financiera como instituciones públicas sería puesta en cuestión. Si tomamos el ejemplo de la Universidad Nacional de Colombia, la partida para el pago anual de las pensiones representa aproximadamente el 20% del presupuesto total y el pasivo pensional entre siete y ocho veces el mismo. Incluso si las universidades logran “negociar” en la reglamentación del artículo un porcentaje pequeño de participación, éste iría necesariamente en detrimento de las actividades académicas o del carácter público de las instituciones y como veremos más adelante implicaría la “negociación” de la autonomía consagrada en la Constitución Política. Sin embargo, una interpretación rigurosa de la norma llevaría a concluir que de acuerdo con el artículo 38, el aporte de las universidades debe corresponder al porcentaje de la participación de los recursos propios en el presupuesto total, que en el caso de la Universidad Nacional es cercano al 30%.



Hasta el año 2007, el gobierno nacional, en un evidente reconocimiento de su responsabilidad en esta materia, ha venido girado mensualmente los recursos para el pago de las mesadas pensionales. El cambio normativo que introduce el Plan Nacional de Desarrollo obliga a las universidades del orden nacional a concurrir en el saneamiento de un pasivo que ha sido y es responsabilidad de la nación. Extiende de esta manera la aplicación de la ley 100 de 1993 a las universidades del orden nacional y modifica su contenido, al obligarlas a participar con sus recursos en el saneamiento de las pensiones. La ley 100 estableció la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional únicamente para las universidades y las instituciones oficiales del orden territorial, porque en su financiación concurren la nación, el departamento, los distritos o los municipios. Sin embargo, no contempló explícitamente la posibilidad de que las universidades territoriales participaran en la financiación de los fondos con recursos propios o con el presupuesto ordinario aportado por la nación para los gastos de funcionamiento o inversión, como puede inferirse de una lectura atenta del artículo 131[2]. La inclusión la realizó, ilegalmente desde mi punto de vista, el decreto reglamentario 2337 de 1996, que en su artículo 7° incluyó la participación de las instituciones territoriales por fuera de lo establecido en la ley 100. El artículo 38 del Plan eleva esta interpretación del Ministerio de Hacienda al rango legislativo, la extiende a todas las universidades y vuelve así regular lo irregular. La reducción del presupuesto de las universidades del orden nacional que conlleva el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 imposibilitaría una mayor ampliación de la cobertura e iría en detrimento de su calidad académica, en función de preocupaciones fiscales basadas en prejuicios infundados como el del alto costo de la formación de los estudiantes[3].



2. Lo jurídico (Síntesis de tres argumentos)

Esta fiscalización de la política social y el progresivo desmonte de las instituciones estatales encargadas de garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales como el de la salud y la educación se materializa con frecuencia en contra de la Constitución Política de 1991. Así sucedió con la ley 508 de 1999 y el Decreto 955 de 2000, con los cuales se aprobó el Plan de Desarrollo 1999-2002, y con varios de los artículos de la ley 812 de 2003, con la cual se aprobó el Plan de Desarrollo 2003‑2006. En el primer caso la Corte consideró que las normas eran inexequibles totalmente por vicios en el procedimiento, en el trámite de aprobación de la ley; en el segundo por vicios de fondo, por la ausencia de competencia para aprobar el plan mediante un decreto; y en el último, artículos como el relacionado con el presupuesto de las universidades públicas fueron declarados inexequibles por violar mandatos constitucionales como el de la autonomía universitaria. La comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, y en general de las universidades estatales, ya ha enfrentado con éxito el debate político y jurídico de los últimos planes de desarrollo. Analicemos a continuación tres argumentos sobre la inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

A. La unidad de materia. De acuerdo con la Constitución Política de 1991 (Art. 339) el plan nacional de desarrollo esta “conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.”


El proyecto de ley ha debido respetar la unidad de materia consagrada en el artículo 158 de la Constitución Política, para evitar los denominados micos. En lo referente al Plan Nacional de Desarrollo, en la parte atinente a las inversiones públicas, el proyecto ha debido referirse única y exclusivamente a dichas inversiones, pues tal es la materia que le define la constitución a este tipo de leyes, y ha debido desarrollar lo estipulado en la parte general. En caso contrario estaría en contradicción con la carta política. Así lo ha considerado la Corte Constitucional en diversas ocasiones, por ejemplo:

“8- Conforme a lo anterior, la Corte ha concluido que el principio de unidad de materia es más riguroso en la ley del plan y que por ende el control constitucional de un cargo por violación de este principio en esta ley es más estricto que el contemplado para las demás leyes, por cuanto la ley del plan no puede ser utilizada sino para sus propósitos constitucionales específicos, y no para llenar los vacíos e inconsistencias que presenten leyes anteriores. Por ello esta Corporación ha señalado que para no violar la regla de unidad de materia, las disposiciones instrumentales deben guardar una relación o conexión directa con los objetivos y programas del Plan Nacional de Desarrollo. Y es que si no fuera así, bastaría que esa ley enunciara genéricamente un objetivo general, como puede ser incrementar la eficiencia del sistema judicial, para que dicha ley pudiera alterar todo el estatuto penal y todas las regulaciones procesales, con el argumento de que el plan pretende incrementar la eficiencia judicial.” (Sentencia C-573/04)



La ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 no menciona en la parte general, en términos genéricos o específicos, el saneamiento del pasivo pensional como uno de sus objetivos; no obstante, incluye en el plan de inversiones una norma al respecto, rompiendo de esta manera la unidad de materia dentro del contenido mismo de la ley. Adicionalmente, dicho saneamiento en las universidades estatales del orden nacional no puede hacer parte de un plan de inversiones, pues los recursos destinados a tal propósito hacen parte de los gastos de funcionamiento y no de los gastos de inversión. Así lo establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996, artículos 11 y 36) en concordancia con el Decreto 586 del mismo año (Arts. 14 y 16). Por consiguiente, la ley tampoco conserva la unidad de la materia establecida por la constitución para este tipo de normas, pues incluye un gasto de funcionamiento como si fuera de inversión. En tal medida no puede especificar los recursos financieros requeridos para la ejecución de un programa de inversión inexistente y en consecuencia tampoco respeta el artículo 339 de la Constitución Política.



B. La autonomía universitaria. La ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo le impone a las universidades estatales del orden nacional concurrir con sus recursos al saneamiento del pasivo pensional. Como ya hemos dicho con anterioridad, además de extender parcialmente la aplicación del artículo 131 de la ley 100 de 1993, incluye en forma obligatoria la participación financiera de las universidades en la constitución de los fondos. Viola así la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, desarrollada en lo relacionado con sus características financieras por la ley 30 de 1992 y el decreto 1210 de 1993, y ratificada integralmente por la sentencia C-220/97 de la Corte Constitucional y por la sentencia del 11 de febrero de 1999 de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado, expediente N° ACU-579. En relación con la autonomía universitaria y el plan de desarrollo ha dicho la Corte Constitucional:

“En cuanto al manejo de recursos, es claro que una de las funciones inherentes a las universidades y esenciales a su capacidad de autorregulación administrativa es la de elaborar y manejar su propio presupuesto (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-547 de 1994, ya citada). Las universidades tienen la facultad de distribuir sus recursos según sus necesidades y prioridades, las cuales son definidas de manera autónoma por dichos entes sin intervención alguna por parte de la autoridad pública o del sector privado. La Ley 30 de 1992 reconoció tal facultad cuando señaló que las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional pero sólo en cuanto se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo; y dentro de sus características están las de tener personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y atribución para elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que les corresponde (…)

“En ese orden, se considera una intervención indebida la de regular directamente cuestiones tales como organización académica -selección y clasificación de docentes, programas de enseñanza- u organización administrativa -manejo de presupuesto y destinación de recursos-. Al respecto ha sostenido la jurisprudencia que “[s]i el legislador se inmiscuyera en los aspectos referidos o en otros de igual significación, estaríamos en presencia de una intervención indebida en la vida de la universidad y se incurriría en una violación de su autonomía (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-299 del 30 de junio de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell). (…)

“Ahora bien, imponer a las universidades públicas -tal como lo pretende la norma acusada- el deber de concertar y acordar con el Gobierno los criterios y el procedimiento de una redistribución de un porcentaje del total de las transferencias, que no podrá exceder del 12%, es someterlas a una especie de control presupuestal estricto por parte del Gobierno que no puede ser aplicado a las universidades estatales “en razón de que por sus singulares objetivos y funciones ello implicaría vulnerar su autonomíaCfr. Corte Constitucional. Sentencia C-053 de 1998, ya citada. . Así mismo, como acertadamente lo afirma el Procurador General de la Nación, esos procesos de concertación y acuerdo con el Gobierno implican que cada universidad negocie asuntos inherentes a su autodeterminación, autogobierno y autorregulación. En consecuencia, esa intervención gubernamental plasmada en el artículo objeto de reproche en asuntos propios de las instituciones superiores vulnera flagrantemente la autonomía universitaria.” (Sentencia C-926/05)



Al limitar la autonomía financiera, el Plan Nacional de Desarrollo también limita indirectamente la autonomía académica de las universidades del orden nacional, pues reduce los recursos propios o del presupuesto de la nación que son destinados para el desarrollo de las actividades académicas de las universidades y mediante los acuerdos de concurrencia incide en la orientación general de sus presupuestos[4].



C. ¿Ley de leyes? De acuerdo con el artículo 341 de la Constitución Política de 1991, la ley que expide el Plan tiene prelación sobre las demás leyes; adicionalmente, la Corte Constitucional estableció que: “No resulta inconstitucional que en la Ley del Plan se establezcan normas que no sean indispensables dentro del contenido de la Ley, pero que en últimas señalan los propósitos y objetivos de largo plazo” (Sentencia C-015 de 1998). No obstante, esta prelación sólo hace referencia a las normas atinentes a las inversiones públicas. La flexibilidad en los contenidos reconocida por la Corte no puede invadir las competencias legislativas específicas establecidas por la misma constitución. De lo contrario, estaríamos frente a una ley de leyes que nos conduciría cada cuatro años a tener una Carta Política paralela, redactada por los técnicos en planeación del gobierno de turno. Los magistrados Alfredo Beltrán y Jaime Córdoba Treviño señalaron con claridad los límites de tal prelación en el salvamento del voto relativo a la sentencia C-305/04:

Tal prelación, sin embargo, no significa en modo alguno que la ley mediante la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo para un cuatrienio presidencial pueda contener en sus normas legislación sobre todas las materias que al Congreso corresponden en el ejercicio de su función legislativa, pues su objeto, es decir el marco jurídico de su contenido fue expresamente señalado por el propio Constituyente en el artículo 339 de la Carta, como ya se dijo. La prelación sobre las demás leyes a que se refiere el artículo 341 de la Constitución queda circunscrita por ministerio de la misma a los ”mecanismos idóneos para su ejecución”, sin que sea necesario expedir leyes posteriores para ese preciso efecto. De tal suerte que, no es que el legislador hubiere autorizado la inclusión en la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo de cualquier materia que pueda ser objeto de la legislación, pues eso sería tanto como reducir las funciones que el artículo 150 atribuye al Congreso de la República en 25 numerales, al tercero de ellos, como si los demás no existieran. El ámbito amplio sí, pero circunscrito al contenido mismo que al Plan Nacional de Desarrollo le señala el artículo 339 de la Carta, se explica en razón de la naturaleza de los planes de desarrollo que en su parte general no se expresan como mandatos sino más bien como recomendaciones de propósitos y objetivos a alcanzar en el largo plazo y a señalar las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo. Por ello, como lo dijo la Corte en Sentencia C-478 de 6 de agosto de 1992, se hace necesario “darle a la ley del plan una posibilidad de ser ejecutada inmediatamente”, sin necesidad de expedir nuevas leyes instrumentales para ese cometido.”



El artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo invade la competencia de dos normas de carácter específico, la ley 30 de 1992, que organiza la educación superior, y la ley 100 de 1993, que crea el sistema de seguridad social integral. En el primer caso, como hemos dicho, vulnera la autonomía financiera y en el segundo amplia la interpretación del artículo 131 al extenderla a las universidades del orden nacional y lo modifica al obligarlas a concurrir en la creación de los fondos. En ambos casos excede las facultades específicas que la Constitución le otorga al Congreso de la República para la expedición del Plan Nacional de Desarrollo.



Aparte de estos tres argumentos sobre la inconstitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso es necesario realizar un estudio sobre el trámite que la misma siguió, para establecer si se respetó el procedimiento establecido por la Carta Política y por las normas que la desarrollan. Finalmente, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del plan, como ya sucedió en el caso de la ley 508 de 1999, no autorizaría al Presidente de la República a adoptar el Plan por decreto, como en forma equivocada lo afirmó el profesor Moisés Wasserman, Rector de la Universidad Nacional de Colombia, durante una asamblea con profesores y estudiantes[5].





Bogotá, mayo de 2007.



--------------------------------------------------------------------------------

[1]. Texto conciliado del proyecto de ley N° 199 del Senado de la República y 201 de la Cámara de Representantes que será el texto definitivo del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 si no es objetado por el Presidente de la República: “Artículo 38. Saneamiento del Pasivo Pensional de las Universidades Estatales del Orden Nacional. La nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades en los términos establecidos en el artículo 131 de la ley 100 de 1993. Las sumas que se hayan transferido por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido el pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha de corte prevista en el artículo 131 de la ley 100 de 1993, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca.

“Parágrafo: La concurrencia prevista en el artículo 131 de la ley 100 de 1993 respecto de las universidades territoriales se aplicará también en aquellos eventos en los cuales el pasivo pensional se encuentre a cargo de las cajas de previsión territoriales o quienes la hubieran sustituido.”

[2]. “ARTICULO 131. Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas de previsión, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar según lo previsto en la presente Ley, en aquella parte que corresponda a funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la vigencia de la presente Ley

“Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución. Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años de iniciación de la vigencia de la presente Ley. (Negrilla por fuera del texto)

“Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

“Dentro del año siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo, elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que representen los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los 2 primeros años de la vigencia de la presente Ley.”



[3]. En el año 2003, en medio de la campaña por el referendo, el presidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo que la formación de cada estudiante de la Universidad Nacional le costaba al país $14’000.000 al año. Esta suma era el resultado de dividir el presupuesto total de la universidad por el número de estudiantes de pregrado y postgrado. En esa época olvidaba el Presidente, como ahora la Ministra de Educación, que un 20% de dicho presupuesto esta destinado a pagar pensiones, otro 20% a la ejecución de los proyectos que generan ingresos y un 12% a financiar la investigación y la extensión no remunerada. Una vez descontados estos rubros, el “costo” por estudiante, incluido el bienestar estudiantil, quedaba reducido a menos de la mitad: $ 6’831.285 ($ 3’415.642 por semestre).

[4]. Esta relación directa entre la autonomía financiera y la autonomía académica es resaltada por la Corte Constitucional: “Tampoco pueden aceptar (…las universidades…) la intervención constante y la imposición de las directrices del Ministerio de Hacienda y del DNP, que tienen como prioridades las que determina el poder central, en lo que hace a la elaboración y ejecución de sus presupuestos de funcionamiento e inversión, de hecho este tipo de tutela, que es la que se propicia con la interpretación equivocada que le da el gobierno a la norma impugnada, implica para las universidades varias limitaciones que interfieren e incluso niegan su autonomía y que no afectan, por ejemplo, ni al Banco de la República ni a la CNTV, organismos a los que también el Constituyente les reconoció autonomía”. (…)

“Lo que no puede hacer el ejecutivo es decidir cómo esas reducciones de carácter general (en el sentido de aplazamiento o reducción propiamente dicha de las apropiaciones aprobadas por la ley), afectan los presupuestos de los entes autónomos, en el caso que se analiza de las universidades del estado, las cuales deberán autónomamente, a través de sus máximos órganos de gobierno –sus consejos superiores- definir y establecer sus prioridades

“El contenido esencial de la autonomía presupuestal de las entidades (autónomas) reside en la posibilidad que éstas tienen de ordenar y ejecutar los recursos apropiados conforme a las prioridades que ellas mismas determinen, y en armonía con los cometidos constitucionales y legales de la respectiva entidad. Esta Corporación ya había señalado que la “ejecución del presupuesto por parte de los órganos constitucionales a los que se reconoce autonomía presupuestal supone la posibilidad de disponer, en forma independiente, de los recursos aprobados de la ley de presupuesto”. En este orden de ideas aparece claramente que el gobierno, con el fin de poder cumplir sus responsabilidades fiscales globales, sólo tiene necesidad de establecer reducciones o aplazamientos generales en las distintas entidades autónomas, pero no existe ninguna razón para que el ejecutivo establezca específicamente cuáles partidas deben ser reducidas o aplazadas, ni que consagre trámite particulares que puedan afectar la autonomía administrativa de tales entidades…Admitir que el Gobierno pueda reducir o aplazar partidas…o pueda tener injerencia en la administración de sus recursos, implica un sacrificio innecesario y desproporcionado de la autonomía de esas entidades estatales, en nombre de la búsqueda de estabilidad macroeconómica (…) por lo cual esa interpretación es inadmisible.” (Sentencia C‑220/97)



[5]. Ver la respecto la sentencia C-1403/00 que declara la inexequibilidad del decreto 955 del 200, por el cual se adoptó el Plan 1999-2002, después de que la ley 508 de 1999 había sido considerada por la Corte como inconstitucional.

Texto Publicado en El Turbión

Comunidad de paz de San José de Apartadó

LOS PARAMILITARES ASESINAN A FRANCISCO - Comunidad de paz de San José de Apartadó
Enviado por cdpsanjose el Lun, 2007-05-14 22:51. :: Constancias
LOS PARAMILITARES ASESINAN A FRANCISCO - Las continuas muertes, agresiones y amenazas contra nuestro proceso no paran, todas las formas de destrucción son utilizadas contra nosotros, se usa la inversión social como arma de guerra, la presión, muerte y amenazas de los paramilitares en acción conjunta con la fuerza pública. Nuestro deber histórico, ante la búsqueda alternativa del respeto de la población civil en medio del conflicto armado, es dejar constancia de todos estos hechos para que la humanidad pueda algún día juzgar estos actos terroristas, tenemos nuevamente que dejar constancia de un nuevo asesinato contra las zonas humanitarias y contra la misma comunidad

- Hoy lunes, 14 de mayo a las 7:00 a.m., fue asesinado al frente del Terminal de transportes en Apartadó por los paramilitares FRANCISCO PUERTA, campesino líder y excoordinador de la zona humanitaria de la vereda Miramar. Dos paramilitares se le acercaron a la tienda al frente del Terminal donde estaba sentado y le dispararon varias veces, luego de ello salieron tranquilamente en medio de policía que se encontraba alrededor.

Así mismo hoy a las 7:30 a.m. se encontraba un grupo de seis paramilitares de civil con arma larga en el Mangolo y otros cuatro paramilitares se encontraban también de civil con armas cortas en tierra amarilla. Los militares y la policia se encuentran a dos minutos de esta presencia paramilitar.

- El 13 de mayo subió un comerciante de Apartado a las 10:40 a.m. a comprar varios marranos a San Josesito, allí expresó a varias personas de la comunidad que los paramilitares estaban diciendo en los barrios de Apartadó que iban a realizar una masacre en la Comunidad de Paz.

- El día 9 de mayo a las 7:10 a.m. tres mujeres campesinas allegadas a la comunidad fueron detenidas por tres paramilitares en el Mangolo ubicado en la salida de Apartadó hacia San José. Los tres hombres estaban de civil portaban armas cortas, radios de comunicación y se les presentaron como Aguilas Negras. Les dijeron que las buscaban y las iban a matar. Las llevaron de allí a la salida de Apartadó donde se hace el reten de la policía.

En dicho lugar les pedieron las identificaciones y comenzaron a llamar por radio dando los datos de ellas tres, por radio les contestaban que no eran las que buscaban, que las reseñaran y las soltaran. Enseguida los tres paramilitares les tomaron fotos y les dijeron que si se sabía algo de esta situación las mataban, que ellos iban a estar por ahí, pues la orden era comenzar a matar la gente de esa h.p. comunidad de paz.

Los paramilitares las insultaban y les decían que tenían una la lista, que se habían salvado pero no cantaran victoria por que ellos ya tenían orden de meterse a San Josesito, la Unión y las demás veredas a realizar una masacre.

Ellas les decían que no hicieran eso y ellos les contestaban con rabia que eso ya estaba coordinado y se había dado la orden, que con la con la policía y el ejército no se jugaba y ellos los hacían respetar y ellos mismos (el ejército y la policía) les habían dado los nombres de a quien tenían que darle.

Les preguntaron por varios líderes de la comunidad y acompañantes, les decían que esos h.p. no se iban a salvar, que toda la zona de San José era pura guerrilla, que después de dos años de estar la policía eran poquitos los que trabajaban con ellos, los demás eran alcahuetas y colaboradores de la guerrilla.

Después de tenerlas media hora allí y de seguir insultándolas y diciéndoles amenazas las soltaron reiterándoles que no podían decir nada o las mataban.

Estos hechos evidencian el accionar asesino paramilitar que el gobierno intenta ocultar, se ha comenzado de nuevo una ola de asesinatos contra líderes de las zonas humanitarias y de nuevos hechos de muerte contra la comunidad, como habíamos dejado constancia.

Este accionar de exterminio del gobierno contra la comunidad es nuevamente fallido ya que no retrocederemos ante nuestros principios, seguiremos mas firmes que nunca, nos anima a seguir nuestra transparencia en esta búsqueda y la solidaridad de mucha gente a nivel nacional e internacional que creen en un mundo justo y alternativo. El trabajo de FRANCISCO, su memoria nos da fuerza para seguir adelante, nuestra mayor solidaridad para con sus hijos y su familia.



COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Mayo 14 de 2007

Capturadas quince personas, de 19 vinculadas por el pacto de Ralito

Mayo 14 de 2007 - 3:20 p.m.
Capturadas quince personas, de 19 vinculadas por el pacto de Ralito
Los senadores capturados fueron: Reginaldo Montes, William Montes y Juan Manuel López. Miguel de la Espriella se entregó.


La detención de los congresistas fue ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que los investiga por el delito de concierto para delinquir agravado.

Está pendiente la captura de: José de Los Santos Negret, actual representante a la Cámara; Jorge Luis Feris Chadid, ex representante a la Cámara; Wilmer José Pérez Padilla, ex alcalde de San Antero, y Víctor Guerra, ganadero.

El Acuerdo de Santa Fe de Ralito fue firmado en junio de 2001, y en él varios políticos se comprometieron a "refundar la patria", con los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Otras 14 personas que también fueron vinculadas al caso serán investigadas por la Fiscalía General de la Nación, bajo el mismo cargo.

El fiscal general, Mario Iguarán dijo que "la asistencia de esas personas a esa reunión fue libre, espontánea y consiente", y que con ello promocionaron grupos armados al margen de la ley.

Entre los primeros capturados está la ex congresista Eleonora Pineda.

La detención de Pineda la realizó el CTI de la Fiscalía este lunes hacia las 11 y 30 de la mañana en Residencias Tequendama, en el centro internacional de Bogotá. Pineda será trasladada al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.

López Cabrales fue detenido en el Puente Aéreo de Bogotá, cuando se disponía a abordar un vuelo.

Por su parte, Miguel de la Espriella, quien dio a conocer el documento, se entregó hacia las 12 del día en la sede del comando de Policía de Montería.

Dentro del mismo proceso se entregó también el ex congresista Freddy Ignacio Sánchez.

Las autoridades también confirmaron la detención de Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez, ex alcalde de San Onofre (Sucre). Nació en el corregimiento Berrugas y es conocido popularmente como 'El Pule'.

Se dedicó a la actividad ganadera junto con su padre, Edmundo Balseiro. Fue alcalde de San Onofre por el Partido Conservador en el periodo 2001-2004, sucediendo a Luis Salaiman Fallat y entregó el cargo al actual alcalde, Jorge Blanco Fuentes.

Los afectados

Eleonora Pineda

Comenzó su carrera política como concejal de Tierralta (Córdoba) y en su primera aspiración a la Cámara logró la mayor votación en su departamento. Dobló en votos a otros políticos traicionales, como Reginaldo Montes y Zulema Jattin.

Ella admitió en su oportunidad que Salvatore Mancuso fue quien la invitó personalmente, un día antes de la reunión, cuando la encontró en el puesto de salud de Tierralta.

Juan Manuel López

Es el primer congresista que pertenece a otro partido diferente a la bancada uribista que es vinculado a la investigación de la 'parapolítica'.

López Cabrales es el hombre fuerte del partido Liberal en la Costa y su mayor elector histórico en Córdoba.

Su fórmula para la Cámara de Representantes, Musa Besaile Fayad, no solo logró mantener su curul sino que fue la más alta votación para Cámara en el país.

López nació en Montería (Córdoba) en 1956. Hace parte de una familia tradicional de políticos de la Costa. Su padre fue Gobernador. Fue elegido representante para el periodo 1986-1990, y reelegido en 1994, 1998. En el 2002 pasó al Senado y repitió en el 2006 con la segunda votación más alta en todo el país.

El director del Partido Liberal, César Gaviria, le solicitó al Tribunal Nacional Disciplinario de su colectividad suspender transitoriamente a López.

Gaviria había dicho en abril, cuando fue citado a declarar ante la Corte, que no tenía ningún indicio que le permitiera pensar que López Cabrales tuviera responsabilidad alguna en la firma del pacto de Ralito.

Miguel Alfonso de la Espriella Burgos

Fue Representante a la Cámara entre 1998 y 2002. El año pasado llegó al Senado. Nacido en Sahagún. Empezó en el Partido Liberal, en el 2002 se presentó por el movimiento popular Unido y en el 2006 por Colombia Democrática.

Reginaldo Montes

Nació en Sahagun (Córdoba). Fue concejal de ese municipio entre 1982 - 1990 y alcalde entre 1990 y 1992. Diputado por el departamento de Córdoba, 1995 -1997 y representante elegido en el 2002. El año paso dio el salto al Senado.

Su fuerte electoral está en los municipios de Planeta Rica, Sahagun y Montería.

Durante muchos años militó en el partido Liberal, pero en el 2006 se inscribió en el Partido cambio Radical.

José de los Santos Negrete

Fue elegido a nombre del partido Conservador en el 2006 como representante a la Cámara por Córdoba. Nació en San Bernardo del Viento. Es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena.

La siguiente es la lista de las 19 personas vinculadas a este proceso judicial:

Reginaldo Montes, senador
Miguel Alfonso De la Espriella, senador
José Manuel López Cabrales, senador
William Alfonso Montes, senador
José de los Santos Negret, representante a la Cámara
Luis Carlos Ordosgoitia, ex congresista
Eleonora Pineda, ex congresista.
José María López Gómez
Wilmer José Pérez Padilla
Jorge Luis Feris Chadid
Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez
Víctor Antonio Guerra De la Espriella
Sigilfredo Mario Senior
Álvaro Antonio Cabrales
Rodrigo Antonio Burgos
Freddy Ignacio Sánchez
Jaime Augusto García
José María Imbet Bermúdez
Luis José Álvarez Amaris

Publicado en www.eltiempo.com

Historias de horror

Historias de horror

Terrorismo de Estado!
Si el hallazgo de los cadáveres de miles y miles de Colombianos impresiona, mas deberá impresionar lo que sucedió antes de que fueran asesinados o fallecieran producto de las terrible torturas y depravaciones a que fueron sometidos en esas orgías de sangre de las que muy poco se conoce.La Colombia de la oligarquía Colombia es un pais donde “los asesinos y genocidas andan libres por las calles" y de los cuales, sus manipuladas encuestas nos dicen que los torturados y los asesinados los apoyan cada día mas.


Miguel Suárez *

Por estos días los medios de información y de desinformación muestran algunas de las impresionantes fotos de las fosas comunes y de los cadáveres producto de las masacres a que a sido sometido el pueblo colombiano. Fotos que causan el estupor de muchos, que aterrados se preguntan como pudo suceder esto en esa supuesta democracia.

Si el hallazgo de los cadáveres de miles y miles de Colombianos impresiona, mas deberá impresionar lo que sucedió antes de que fueran asesinados o fallecieran producto de las terrible torturas y depravaciones a que fueron sometidos en esas orgías de sangre de las que muy poco se conoce.

Toda esa orgía de sangre a sido patrocinada por la oligarquía colombiana, dentro de su estrategia de guerra de baja intensidad, que tiene como enemigo al pueblo y que es llevada a cabo por los aparatos de represión del estado incluidos sus grupos paramilitares.

Este desangre no comenzó con Álvaro Uribe, se ha profundizado con el, quien no es tampoco un recién llegado a horrible noche, ya que desde mediados de los años 70s, hace parte de esa mafia que siembra el terror por todo el país.

Esa política terrorista a sido aplicada al pueblo colombiano desde hace machismos años. Comenzo algunos meses después de la declaratoria de independencia.

Por ejemplo Rafael Nuñez, varias veces presidente de los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia, y autor ademas de la letra del himno nacional que reza “Cesó la horrible noche”, fue uno de los que la comenzó ya que fue en su tiempo el promotor de una ley conocida como la "ley de los caballos", de represión y persecución contra la oposición.

A su vez, Rafael Nuñez parece haber sido la fuente de inspiración ideológica del "Estatuto de Seguridad" Julio Cesar Tutbay Ayala, que llevo a la cárcel a miles Colombianos, entre ellos, al maestro Luis Vidales, Premio Nacional de Poesía y obligo a abandonar el país de manera precipitada a Gabriel García Márquez, Premio Nóbel de la literatura.

Tal vez, por el nombre de "ley de los caballos", Turbay Ayala, con la asesoria de los generales Reveiz Pizarro y Vega Uribe, convirtió las caballerizas de Usaquen en centro de torturas. Turbay es a su vez es el inspirador de Álvaro Uribe Vélez quien tomó el espíritu terrorista del estatuto de seguridad que ahora es llamado “seguridad democrática”.

En la llamada violencia, que dejo mas de 300 mil colombianos asesinados, se contaban historias como la del corte de franela y el corte de corbata, que consistían, el primero en cortar la cabeza de la victima y el segundo, a abrirle un hueco en la garganta, sacarle la lengua por allí y dejarlos morir desangrados. También se cuenta de trenes con vagones llenos de muertos para tirarlos al mar.

De los tiempos de la violencia heredamos los colombianos dichos populares como el que dice ”En mi tierra se caliente el agua a balazos” o el de que ”en mi casa se atrancan las puertas con muertos”.

En ese tiempo, cuando no existían guerrillas, las masacres no las cometían las llamadas AUC, sino los “Pájaros y Chulavitas”, los paramilitares de esos tiempos.

El diario el Tiempo, publico el pasado 24 de abril (2007) un articulo titulado ”Colombia busca a 10.000 muertos”, podríamos decir que sus cadáveres estan apareciendo hoy, no gracias al gobierno de Uribe que a hecho todos los esfuerzos por ocultar esas atrocidades, sino gracias a la presión de diferentes organizaciones nacionales e internacionales y a que la corte suprema de justicia, obligo a que si los narcotraficantes quería beneficios de la tal ley de Justicia y Paz, deberían decir la verdad y de la cual hasta ahora han contado una muy mínima parte.

En el articulo, uno de los supuestos paramilitares contaba que sus jefes, entre los que hay que incluir por lo menos al hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago, organizaban cursos de entrenamientos donde utilizaban personas que eran llevadas hasta sus campos de entrenamiento para degollarlos vivos.

El supuesto paramilitar reveló que en esos cursos eran llevadas "personas de edad que llevaban en camiones, vivas, amarradas (...) Se repartían entre grupos de a cinco (...) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza... descuartizarlas vivas".

Luego de esas ” escuelas del terror”, estos hombres a nombre de esa oligarquía salían a aplicar lo aprendido contra colombianos inermes buscando con ellos acallar la protesta social y para desvertebrar organizaciones como la Unión Patriótica, en una serie de actos de barbarie que estan marcadas en las cicatrices del pueblo colombiano y que por su sadismo podemos destacar.

La masacre del Municipio de Trujillo, Departamento del Valle del Cauca, en 1990, donde 52 personas fueron víctimas de una cadena de acciones criminales en la que participaron, miembros de los aparatos de represión de esa oligarquía con sus grupos paramilitares.

Un testigo de lo sucedido contaba que “el Mayor del ejercito les ponía en la cara un chorro de agua a presión con manguera, les levanta las uñas con navaja, les quita pedazos de la planta de los pies con corta-uñas, los corta y les echa sal, luego con un soplete de gasolina que lanza llama le queman en distintas partes del cuerpo y la carne se raja y se levanta el cascarón, les pone el chorro de llama en la zona genital, les corta el pené y los testículos y se los mete en la boca a las mismas víctimas y finalmente los descuartiza con una motosierra y al hacer esto, los torturadores gritaban 'ai hombre'”.

Después los iban echando a una pieza enmallada a uno por uno... decía el testigo “yo vi los cadáveres, fue cuando los estaban echando a la volqueta, estaban dentro de los costales, eran como doce costalados, en un costal echaban los troncos y en el otro echaban las cabezas.

Una de esas 52 personas fue el sacerdote Jesuíta Tiberio de Jesús Fernández Mafla. Su cadáver fue encontrado el 23 de abril por un poblador en el Río Cauca, sin cabeza, abiertos el tórax y el abdomen con una motosierra, mutilado y castrado con los más aterradores signos de crueldad.

En la propia Bogota, en el municipio de Suba, miembros de la Policía de la oligarquía colombiana, el 12 de mayo de 1993, como a las nueve de la noche, allanaron la casa de la familia Meléndez, en Santa María del Lago, en el noroccidente de Bogotá, los sacaron esposados al antejardín, luego los volvieron a meter a la casa, minutos después los medios de desinformación los presentaron como delincuentes dados de baja.

La Policía lo presentó al país como un gran operativo contra una banda de 12 asaltantes y así quedó registrado en los medios de comunicación.

El 23 de Septiembre de 2001, a las cinco y treinta de la mañana, hombres que lanzaban gritos de muerte y proferían maldiciones, destruyeron a tiros de fusil la puerta de la vivienda de Monguí Jerez Suárez, humilde mujer santandereana de origen campesino, en el municipio de San Pablo, Bolívar.

Los instantes de horror fueron breves pero contundentes. Cuando ella reparó en lo que ocurría, estaban muertos en el lecho, su hijo Nelson Alirio Hernández de solo ocho años, y su compañero Florentino Castellanos de treinta y ocho, trabajador del municipio, acribillados de varios tiros de fusil.

Ella había perdido completo su brazo izquierdo, y una pierna colgaba sostenido apenas por la piel.

El comandante de la operación, un tal Arriaga, después del éxito de la misma y como premio a sus hombres, dio autorización para hacer pillaje.

El 27 de febrero de 1997, los pobladores de Bijao del Cacarica, fueron obligados a presenciar un macabro partido de fútbol entre los soldados del ejercito de ocupación de la oligarquía colombiana y sus grupos paramilitares.

El periodista Fernando Garavito contaba: “Una vez reunidos los dos ”equipos”, el árbitro hizo sonar su silbato. Cada uno de los equipos ocupó su puesto estratégico en el terreno de juego. Entonces, un ayudante trajo hasta el centro de la cancha una bolsa de fique, y vació su contenido en un punto equidistante entre los encargados de hacer el primer disparo. Los asistentes dejaron escapar un grito de horror. El balón con el que jugarían los contendientes era la cabeza de Marino López, uno de sus amigos.

Durante largos minutos el único ruido que pudieron percibir los habitantes fue el de las patadas que daban los jugadores contra el cráneo destrozado”.

Ese fue el comienzo del año de terror que se vivió en 1997, cuando Alvaro Uribe Velez, era gobernador de Antioquia. “El 4 de abril de 1997, en la región de Cacarica, un comando de militares y paramilitares acantonados en Apartadó, le abrieron el vientre a Daniel Pino delante de observadores internacionales que habían llegado días antes a la zona para comprobar algunas denuncias relacionadas con los atropellos a los derechos humanos.

Tratando de detener el derrame de sus intestinos, el campesino agonizó durante una hora sin que nadie pudiera auxiliarlo”.

Otro relato de esa horrible noche que aun no ha cesado dice “El muchacho, con la camisa celeste rota y sus calzoncillos en el nivel de las rodillas que se habían manchado de color rojo. El niño miraba con sus ojos inocentes hacía el cielo con la expresión ¿por qué?. El niño. De solo ocho años murió desangrado debido al machetazo que sus victimarios, paramilitares de la oligarquía colombiana, le había hecho cuando le cortaron el pené.

¿Su crimen?, Ser hijo de Carlos Julián Vélez, dirigente de la Unión Patriótica (UP) del departamento del Meta. Toda su familia fue masacrada ese día de terror.

Estas historias de terror, y muchas mas han sido de manera “habilidosa” ocultadas al pueblo colombiano y al mundo, que poco conoce de esa “horrible noche” a que nos han sumido esa oligarquía asesina.

Por eso el escritor colombiano Fernando Vallejo a dicho que renuncia a la ciudadanía colombiana porque este es un país asesino, refiriéndose a la oligarquía colombiana que asesina de la manera más impune y sigue fingiendo no saber nada de sus crímenes.

La Colombia de la oligarquía Colombia es un pais donde “los asesinos y genocidas andan libres por las calles" y de los cuales, sus manipuladas encuestas nos dicen que los torturados y los asesinados los apoyan cada día mas.

Si algunos se han conmocionado con las fotos de las fosas y calaveras, deberán conmocionarse aun más con estas horribles historias, y deberían conmocionar al máximo sabiendo que en estos momentos, en el Caquetá, en Nariño, en Arauca y en general en toda Colombia, se están repitiendo estas aberraciones contra el inerme pueblo colombiano.

Sí!, se están repitiendo con igual sadismo y no hacemos nada, hay niños que están siendo sometidos a las mas salvajes torturas al igual que padres, hermanos, hijos, jóvenes y viejos.

Si historia de horror se contaron con las dictaduras del cono sur, las de la democracia mas vieja de sur América, son mucho más terrible, y los colombianos seguimos viviendo en esa horrible noche que inauguro Núñez, siguió Turbay y hoy profundiza Álvaro Uribe Vélez.


* Director de Radio Café Stereo

www.ajpl.nu/radio




Conflicto armado
14.05.2007

Universidades públicas se toman las calles de Bogotá protestando contra el Plan Nacional de Desarrollo

Universidades públicas se toman las calles de Bogotá protestando contra el Plan Nacional de Desarrollo
Equipo | Periódico El Turbión – mayo 10 de 2007

Más de 20.000 estudiantes, trabajadores y profesores universitarios salieron a las calles para reclamar al gobierno por las medidas adoptadas en el Plan Nacional de Desarrollo, recientemente aprobado por el Congreso, que dejarían a las universidades públicas del país al borde de la quiebra al pasar la responsabilidad por el pago del pasivo pensional de la Nación a cada una de estas instituciones. La convocatoria estuvo en cabeza de la Universidad Nacional, que reunió a más de 11.000 de los asistentes.

El carnaval, como se prefirió llamar a una muestra de cultura y colorido por parte de los estudiantes, inició en la Universidad Nacional desde la portería de la carrera 30 con calle 45. Desde allí se emprendió camino, por una sola calzada, hasta la calle 53 con carrera séptima, donde los estudiantes pudieron reunirse con casi 3.000 de sus homólogos de la Universidad Pedagógica Nacional. Posteriormente, a los marchantes se unieron otros 1.500 de la Universidad Distrital, ubicados sobre la séptima con calle 40, y un número aún no determinado de manifestantes solidarios de diversas organizaciones sociales y de estudiantes de universidades privadas.

Disfraces, gaitas, tambores, arte y mucha alegría conformaron el ambiente que se respiró durante una jornada pacífica de protesta que buscó generar conciencia sobre la problemática de las Universidades Públicas y que inició actividades hacia las nueve de la mañana, hora en la cual se citaron los manifestantes en la Plaza Ernesto ‘Ché’ Guevara de la Universidad Nacional para ultimar los detalles del Gran Carnaval Universitario. La jornada se extendió aproximadamente hasta las cinco y media de la tarde, momento en el que se retiraron los últimos entusiastas de la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional.



El carnaval del pensamiento

El evento de hoy, a diferencia de lo difundido irresponsablemente por algunos medios, no se trató de algún capricho de ‘estudiantes revoltosos’. Las Universidades Públicas se están moviendo en torno a una seria problemática: la reciente aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que es la condena de muerte de muchas de estas instituciones.

A tono con una política privatizadora que se ha encargado de arrasar, en los últimos años, con entidades tan prometedoras como Telecom, Adpostal, la Refinería de Ecopetrol de Cartagena, entre otras, las Universidades Públicas son la piedra en el zapato del Estado colombiano, tanto en el aspecto financiero –por considerarse, en la lógica de los últimos gobiernos, que la educación es un servicio y no un derecho de la población–, como en el político, más cuando desde allí se hilan las principales críticas a las medidas gubernamentales. Por ello, el traslado a las universidades estatales de sus obligaciones pensionales, en virtud del artículo treinta y ocho de la discutida ley, no es otra cosa que una sucia estrategia para agilizar el cierre de estas instituciones o para promover medidas radicales de autofinanciación que las eliticen y las alejen de su fin social, como el alza exagerada de costos de matrículas o la pretensión de que los egresados soporten con impuestos un fondo para la ecuación superior.

Además de estas problemáticas particulares, son banderas de la asamblea permanente el rechazo al TLC, a la Ley de Transferencias y al clima de estigmatización y criminalización contra los estudiantes que se vive en el país.



Universidad Nacional en asamblea permanente

A la cabeza de la educación pública, la Universidad Nacional ha liderado un proceso que arrancó desde el jueves tres de mayo, cuando se declaró en Asamblea Permanente y se dio inicio a la anormalidad académica con el propósito de abrir los espacios de discusión. En un esfuerzo conjunto e interdisciplinario, se ha diseñado todo un programa que no se agota en la evaluación coyuntural de las implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo, sino que se erige sobre ejes más amplios, como son el académico, el de bienestar y el de organización estudiantil.

En ese marco, se han desarrollado diferentes asambleas generales, en el Auditorio León de Greiff, y por facultades, en espacios especialmente dedicados para esto. También se ha dispuesto una serie de recursos creativos, como el denominado pupitrazo, que tanto alarmó a los dueños del sistema privado de transporte masivo Transmilenio el martes ocho de mayo, cuando se pretendió desarrollar en plena Avenida NQS esta actividad y los universitarios fueron duramente reprimidos por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. A pesar de esto y de la caudalosa lluvia que acompañó la tarde, finalmente se llevó a cabo esta acción sobre la avenida El Dorado durante casi dos horas para enterar al público en general de la crisis universitaria.

Hoy las paredes de la nacho se visten de graffiti y color, en una energía que ha convocado desde artistas hasta matemáticos. En un esfuerzo que parece ser contagioso, las Universidades Públicas reivindican nuevamente su autonomía e invitan al pueblo a pensar sus problemáticas. La declaración de asamblea permanente tiene largo alcance y la invitación es a que la discusión trascienda las aulas.



El macartismo y la cacería de brujas

Sin embargo, el estigma y la criminalización de la protesta no se hicieron esperar. El pasado martes en la tarde, el noticiero de televisión CM& recibió una secuencia de video tomada por miembros de la vigilancia de la Universidad Nacional donde se aprecia a un grupo de encapuchados en un acto simbólico en la Plaza Ché. A pesar de que las imágenes corresponden a un suceso aislado ocurrido el lunes 30 de abril, el informe transmitido no duda en señalar que estas imágenes fueron tomadas, supuestamente, el martes 8 de mayo y en implicar a los estudiantes que se han venido manifestando con el Movimiento Bolivariano, organización que se manifestó aquel lunes.

Así mismo, hace algunos minutos, informativos de los canales privados presentaron como noticia de última hora que “la protesta de la Universidad Nacional terminó en disturbios”, luego de que un grupo aislado de estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) que acompañaba la marcha decidiera bloquear la calle a la altura de la avenida décima con calle diecinueve, en pleno corazón de la ciudad, evento que desató un corto choque con miembros del Esmad y terminó con la detención de cuatro estudiantes. Los noticieros, las operadoras de Transmilenio y algunos informativos radiales hablaban descuidadamente de disturbios en la Universidad Nacional, cuando la realidad era bien diferente.

Por ello, los estudiantes han exigido ser escuchados por su propia voz y exigen de los informadores el publicar información veraz y responsable, pues temen que se repitan casos como el de la Universidad del Cauca –otra de las instituciones en paro–, donde vienen apareciendo, en las últimas semanas, panfletos con listados de dirigentes estudiantiles que, por su pensamiento crítico y su labor en las asambleas, estarían siendo señalados objetivo militar por parte de las estructuras narcoparamilitares.

Así las cosas, la protesta estudiantil continúa. Los universitarios han anunciado que se mantendrán en asamblea permanente hasta la solución de la crisis y que realizarán nuevas movilizaciones masivas, lo cual no se hará de esperar, dada la histórica convocatoria que hoy revistió la manifestación, una de las más grandes de la última década.

Publicado en El Turbión

No Traguemos entero

Primero que todo, si lo que lee aquí le parece coherente y si demuestra algún punto, por favor, compártalo, y ayudenos a mejorar nuestra situación nacional. Antes de explicar por qué habrá trancones mañana en Bogotá, quisiera aclarar que AYER EN LAS NOTICIAS (CM&, CITY TV) SE UTILIZARON IMÁGENES DE ARCHIVO EN LAS CUALES MUESTRAN A LAS M BOLIVARIANAS (GRUPOS DE ENCAPUCHADOS) HACIENDO PROTESTA. eso es una GRAN MENTIRA! YO ESTUVE EL MARTES EN LO QUE SE DENOMINÓ "PUPITRAZO" Y NO HUBO PRESENCIA DE ENCAPUCHADOS. LA JORNADA DE PROTESTA SE HIZO EN ABSOLUTA CALMA, AUQNUE ESO NO FUE SUFICIENTE PAR AIMPEDIR LOS ATAQUES DE LA FUERZA PÚBLICA (ESMAD) QUIENES ARREMETIERON CONTRA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON GASES LACRIMÓGENOS Y AGUA A PRESIÓN DESDE LAS TANQUETAS. LES RECUERDO QUE NO SE HAN UTILIZADO CAPUCHAS, NI PASAMONTAÑAS NI NADA! TAMPOCO SE HA UTILIZADO LA VIOLENCIA. POR FAVOR INVITO A LA COMUNIDAD EXTERNA ALA UNIVERSIDAD A QUE CONTRUYA CRITERIOS PARTICULARES QUE MIDAN LOS DAÑOS QUE DESDE EL GOBIERNO Y DESDE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, SE HA HECHO DENOMINANDO CUALQUIER TIPO DE PROTESTA PACÍFICA COMO TERORISMO! LA UNIVERSIDAD NACIONAL RECHAZA LOS ACTOS TERRORISTAS Y EL BANDALISMO. Mañana habrá más trancones en Bogotá! Suele ser muy molesto saber que los causantes son los Estudiantes de la Universidad Nacional ooooootra vez halegando! Precisamente por eso es que escribo este pequeño informe para que sepa por qué va a estar molesto en los trancones de mañana, y si no preferiría desplazarse en la ciudad en medio de un CARNAVAL! El Plan Nacional de Desarrollo sancionado por el Congreso de la República en la semana pasada tiene varios puntos que podrían poner en peligro la Figura de la Universidad Pública del país. Entre estos el el artículo 38, "Saneamiento del Pasivo Pensional de las Universidades Estatales del Orden nacional" dice: La Nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades en los términos establecidos en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993. Las sumas que se hayan transferido por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido el pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha de corte prevista en el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca. www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=699 Esto qué quiere decir? Que las Universidades Públicas de Orden Nacional deberán "ajustar" su presupuesto para suplir el 100% del Pasivo Pensional que cada una requiera. En el caso de la Universidad Nacional el asunto afectaría probablemente de la siguiente forma http://www.unal.edu.co/gerencia_finad/presupuesto/index.html :El presupuesto de la Universidad se reparte casi 50/50 entre recursos generados por la Institución y el aporte del Gobierno. A parte de ese presupuesto básico de funcioanamiento, está el de las pensiones. Más o menos, el presupuesto completo equivale a 957mil millones de pesos, y el de pensiones es de unos 164mil millones (de los cuales la Universidad genera 10mil millones). Si el apoyo del gobierno se lleva a negociación y posteriormente se obliga a que la Universidad supla el vacío del Pasivo Pensional, tendría que sacar el dinero del presupuesto básico de funcionamiento. Esto, obviamente llevaría a recortes en muuuuchas más cosas (a parte de todas las que le han recortado en los últimos 40 años) y posiblemente en el aumento de las matrículas, lo cual es sumamente nocivo para quienes estudiamos ahí, ya que económicamente la gran mayoría no puede pagar su estudio en una Universidad privada. Obviamente queda, en este documento, el vacío de por qué carajos es importante que exista Universidad del estado, y de por qué es importante que el Estado poooor lo meeeenos se comprometa a seguir dando el poquito de educación superior profesional que aún da. Por esta razón serán los trancones de mañana y de muchos otros días si no se logra modificar el Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos en el tema del saneamiento Pensional. Por último, cualquier pregunta o comentario, pregunten o comenten! pero no traguen entero por favor!!!!